¿Cooperación al desarrollo, o compra de votos?

por L. Jacobo Rodríguez

L. Jacobo Rodríguez fue director asistente del Proyecto de Libertad Económica Global del Cato Institute.

El Gobierno español destina alrededor del 0,3 por ciento del PIB para promover el desarrollo económico en otras naciones. Ese nivel está muy por debajo del baremo fijado por la Naciones Unidas--y aceptado por el mismo Gobierno--, de un nivel de ayuda oficial al desarrollo que represente el 0,7 por ciento del PIB. Pero antes de desapretar el cinturón fiscal para cumplir las directrices de las Naciones Unidas, los responsables de la distribución de esta ayuda deberían hacerse ciertas preguntas básicas.

En primer lugar, si el objetivo es promover el desarrollo económico en otras naciones, ¿representa la ayuda exterior un medio eficaz para alcanzar ese objetivo? En otras palabras, ¿es la ayuda exterior necesaria para que una nación prospere? En segundo lugar, si la respuesta a la primera pregunta es negativa, ¿por qué pretende el Gobierno español establecer un marco regulatorio para la ayuda exterior con el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional y aumentar el nivel de ayuda oficial al desarrollo? ¿Qué grupos dentro de la sociedad española se están beneficiando de la ayuda oficial al desarrollo? Finalmente, ¿representa esta ayuda un gasto apropiado de los fondos del contribuyente?

El argumento económico en favor de la ayuda exterior está basado en la falsa creencia de que los países en desarrollo necesitan inyecciones de capital extranjero lo suficientemente grandes como para escapar las "trampas de la pobreza" impuestas por los bajos niveles de (1) producto per capita, (2) capital de inversión y (3) divisas extranjeras. Pero, como el economista británico Peter Bauer ha explicado, si ese fuera el caso, ninguna sociedad habría sido capaz de desarrollarse y prosperar. Es más, la ayuda exterior ha retardado el desarrollo económico en los países del Tercer Mundo, sobre todo en el Africa Subsahariana, al aumentar el papel del Estado en la economía y al politizar la sociedad civil y el mercado.

También cabe destacar que los flujos de capital privado a los países en vías de desarrollo en 1996 fueron $243 mil millones de dólares. La ayuda oficial al desarrollo fue de 55 mil millones de dólares, aproximadamente. Aunque es cierto que la mayoría de los flujos privados fueron destinados sólo a unos 25 países, existe una razón elemental y definitiva para explicar esta ocurrencia: se trata de las naciones que han adoptado las reformas de mercado más significativas y atraen, por consiguiente, el capital privado de inversión.

Para el país donante, la ayuda exterior no representa más que un perfecto ejemplo de redistribución de riqueza y de politización de la sociedad civil y del mercado. De los 190.000 millones de pesetas que el Gobierno de España destina a la cooperación internacional, alrededor del 50 por ciento son créditos de exportación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que está administrado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Este tipo de beneficiencia corporativa a costa del contribuyente español perjudica la competividad de las empresas españolas y destruye la función empresarial.

Con todo, lo que resulta más lamentable desde la óptica del libre mercado es la figura del empresario estatista, que quiere que el Estado garantice la seguridad y el éxito de sus inversiones, lo cual contribuye de manera paladina al desprestigio del propio sistema de la libre empresa.

El empresario estatista no es el único que se beneficia de la política de ayuda al desarrollo. El Ministerio de Asuntos Exteriores destina a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) cerca de 8.000 millones de pesetas para fomentar las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Es muy probable que el papel tan importante que las ONGs tienen en la cooperación pública española se deba en cierta medida a un intento por parte del Gobierno de fomentar la sociedad civil en España. Desafortunadamente, ocurre lo contrario.

El Estado y sus instituciones se basan necesariamente en la coacción, que es la esencia de la sociedad política. Por lo tanto, todas aquellas ONGs que reciben fondos públicos forman parte de la sociedad política y no de la sociedad civil, que es esa red de asociaciones privadas, independientes y de afiliación voluntaria articuladas en torno a objetivos benéficos o sociales comunes. Es más, las ONGs que reciben fondos públicos tienen motivaciones diferentes e incentivos diferentes que aquellas que no lo hacen. En el caso de las ONGs que reciben fondos públicos, el objetivo es obtener el mayor porcentaje posible de aquellos fondos que la administración haya destinado para las ONGs; cómo utilizarlos es un asunto secundario.

En el proyecto de ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicado por el boletín oficial de las Cortes Generales el 16 de septiembre del presente año, el Gobierno argumenta que "el aumento de los fondos dedicados a Cooperación [es] muestra de la solidaridad de nuestra Nación y en buena medida [está] propiciado por la creciente sensibilización del conjunto de la sociedad española acerca de los problemas que aquejan a los países en vías de desarrollo." Nadie pone en duda la buena disposición hispana para ayudar a los menos privilegiados en otras zonas del mundo, sobre todo en aquellas zonas con las España mantiene vínculos de carácter histórico y cultural. Pero la transferencia de recursos públicos a otros países jamás podrá reflejar la auténtica solidaridad de los españoles, ya que esta transferencia está basada en la coacción y no en la libre elección del pueblo. En resumidas cuentas, la solidaridad o la beneficiencia a la fuerza carece de cualquier valor moral.

Por lo tanto, sin ninguna justificación válida tanto desde el punto de vista moral como desde del utilitario, ¿por qué mantiene el Gobierno la cooperación internacional para el desarrollo y pretende aumentar los recursos destinados a la misma? Probablemente por razones electorales.