por Víctor Pavón
Víctor Pavón es Decano de Currículum UniNorte (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.
En Argentina suceden hechos cada vez más llamativos. Meses atrás decía en este espacio que Argentina es uno de esos países pródigos en naturaleza, poblada de gente amable, trabajadora y en gran parte bien educada. Fue en su momento 6to. en el mundo, con una economía pujante y un marco institucional basado en la Constitución de Alberdi de 1853, denominada "Las Bases", que pronto le permitió posicionarse como los EE.UU. de Sudamérica.
Nada le faltaba a este país para quedarse entre los grandes. Y lo logró, pero no duró mucho, unos sesenta años. Ingresada la tercera década del siglo XX y con el auge del estatismo colectivista en el mundo, muchos de sus dirigentes quedaron encantados con la idea del Estado planificador. Fueron dejando de lado los fundamentos de la sociedad libre que permitieron a este país dar el gran salto hacia el progreso. El Estado de Derecho, el libre mercado y una educación que promovía la creatividad y un amor inconmensurable hacia el arte y la ciencia, fueron convirtiendo a Argentina en un país de oportunidades.
Desechadas aquellas bases, sin embargo, Argentina empezó a mostrar rastros de deterioro institucional; empezó a caer en picada. En el presente, y así como se van dando los acontecimientos, se dirige a "tocar fondo", una expresión de la política económica que denota desempleo, inflación y grave deterioro en las instituciones. Los males que produce su mismo gobierno no han hecho más que exacerbar los ánimos contra aquellos a quienes se endilga que “ganan demasiado” y son —según el discurso oficialista— culpables de la pobreza y desempleo de la mayoría.
Siguiendo la vieja prédica marxista de la lucha de clases, el actual gobierno argentino deteriora de tal modo a las instituciones que el precio a pagar será la mayor radicalización del mismo gobierno, dado que el poder cuando sabe que se equivoca por lo general encuentra en los demás la culpa de todos los problemas —en este caso se acusa a los que están mejor social y económicamente hablando. Lo que los gobernantes olvidan es que muchas veces algunos están mejor porque hacen mejor sus deberes, trabajan duro, invierten, contratan gente y vuelven a invertir.
Hace unos días, el sector rural nuevamente fue objeto de una fuerte intempestiva gubernamental. Por simple decreto presidencial se estatizó el predio ferial ganadero de la Sociedad Rural. La medida administrativa no ha tomado en cuenta sencillos elementos que forman parte del orden jurídico que hace a un genuino Estado de Derecho. "Las Bases" de Alberdi son apenas un recuerdo de una época esplendorosa. De este modo, el decreto presidencial además de afectar los derechos de propiedad, viola el sagrado principio de la defensa, garantía constitucional que forma parte del mundo civilizado.
El argumento del Ejecutivo encabezado por la presidente Cristina Fernández es similar a lo que también su par en Venezuela, Hugo Chávez, ha venido utilizando en los últimos tiempos. En este caso, el decreto dice que debido a las irregularidades cometidas en la venta de aquel predio hace más de veinte años, se hace necesario que la propiedad pase nuevamente a dominio del Estado sin mediar juez competente ni defensa en juicio.
Como sabemos las disposiciones administrativas tienen la característica de ser revocadas por la misma autoridad que la dictó, y en este caso el Poder Ejecutivo tiene esa atribución; pero cuando afecta un derecho conferido por acuerdo entre las partes y referido a la propiedad en la que se hicieron mejoras e inversiones, aquella actividad administrativa encuentra límites inviolables.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo de entonces emitió veinte años atrás una disposición de carácter contractual por la cual existió una declaración bilateral que ha producido efectos jurídicos entre las partes, el Estado y la Sociedad Rural, en la que esta última ha venido ejerciendo los derechos de dominio en forma pacífica. En consecuencia, aún suponiendo que el acto administrativo del cual hablábamos fuera ilegítimo, su tratamiento y resolución debe ser analizada y declarada en sentencia judicial.
Si bien se puede alegar la supremacía del interés público sobre el privado, en este caso no resulta procedente. La supremacía del interés público no significa en modo alguno apelar al uso de la arbitrariedad como medio de restituir al Estado el bien en litigio. Más bien le corresponde al Poder Ejecutivo cumplir lo establecido y denunciar la irregularidad ante los tribunales, el Poder Judicial como poder de contrapeso en cualquier República. Si esto no se cumple nos encontramos ante lo que se llama vicio o desvío de poder, lo que torna el acto administrativo del Ejecutivo como un acto ilegal.
En Argentina el Poder Ejecutivo avanza sin disimulos hacia la ilegalidad, constituyendo este modo de actuar una ruptura del ordenamiento jurídico constitucional. Un hecho grave como el mencionado, solo puede ser corregido precisamente por el procedimiento establecido, lo que significa la subordinación de la actividad administrativa a la juridicidad.
Caso contrario, el Estado mediante su gobierno cae en aquel desvío de poder del cual mencioné anteriormente. Y el desvío del poder por parte de la administración del Poder Ejecutivo significa abuso de ese poder, con el agravante de que el decreto está dirigido de modo directo en contra de un grupo de personas, los productores del campo, que como sociedad civil han proferido las más severas críticas a la gestión de la actual presidenta argentina Cristina Fernández.
El deterioro institucional que sumerge a la Argentina a las profundidades del desempleo y pobreza está provocando graves perjuicios a su población. Sin respeto a la ley y sin garantías al debido proceso legal, las inversiones huyen, el desempleo y la miseria avanzan, la inseguridad se instala en las calles, los saqueos están a la vuelta de la esquina. La exaltación populista no parece tener fin. Los argentinos, no obstante, saben que hay un camino mejor por transitar: volver a "Las Bases" liberales de Alberdi para recuperar su notable progreso civilizador.
Este artículo fue publicado originalmente en ABC Color (Paraguay) el 31 de diciembre de 2012.