por Mary Anastasia O'Grady
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
Cuando un terremoto de 7,0 grados con un epicentro a menos de 26 kilómetros de Puerto Príncipe aplastó a Haití hace tres años, cientos de millones de dólares llegaron a las organizaciones de ayuda que operan en el país. Gobiernos de todo el mundo prometieron miles de millones más. La devastación era tal, que era imposible no responder a los pedidos de auxilio.
Sin embargo, aparte de cubrir las necesidades más urgentes de las víctimas, enviar dinero a Haití parece no haber logrado avances significativos. En términos económicos, el país sigue sin avanzar, aunque eso no significa que no haya nada nuevo que contar.
Un acontecimiento notable en los últimos años ha sido el incremento del proselitismo islámico. Una fuente creíble señala que existen 14 mezquitas formales en la zona de Puerto Príncipe y al menos una escuela religiosa, o madraza, en la pequeña ciudad de Miragoâne. Qatar ha estado invirtiendo grandes sumas de dinero. En diciembre de 2011, Louis Farrakhan, el controvertido líder de la organización estadounidense la Nación del Islam, organizó su propia misión en Haití.
Dado que algunas sectas del Islam niegan derechos a las mujeres y enseñan la intolerancia, e incluso la violencia, contra los no creyentes, el proselitismo religioso merece atención. Al igual que muchos africanos, los haitianos están desesperados y son vulnerables, y los esfuerzos de Occidente para mejorar sus vidas no están dando frutos. Una reciente observación del ministro canadiense de Cooperación Internacional, Julian Fantino, de que los resultados de la ayuda estaban por debajo del nivel óptimo, no fue una demostración de un menor interés. Por el contrario, Canadá ha exhibido una preocupación justificable sobre si su generosidad está realmente beneficiando al pueblo haitiano.
Los regalos provenientes de EE.UU. y Canadá, que ahora parecen estar siendo distribuidos por organizaciones no gubernamentales foráneas, han ayudado al país a ganarse el apodo de "la república de las ONG". No obstante, a pesar de la caridad abundante, Haití sigue siendo disfuncional. Tate Watkins, un corresponsal independiente en Haití, ha observado que muchos empleados de las ONG "están desconectados de las personas" a las que supuestamente quieren servir, no aprenden criollo haitiano, o creole, el idioma del país, "trabajan con cronogramas más cortos" y experimentan una gran rotación.
Para empeorar las cosas, la asistencia internacional —ya sea que se distribuya a través de gobiernos u ONGs— distorsiona tanto la política como el comercio, socavando la evolución de una economía de mercado. Los recursos gratuitos reducen la presión para que los políticos realicen las reformas necesarias para atraer capital. Cuando se regalan los alimentos y los servicios, los empresarios que podrían atender esos mercados son marginados.
El presidente Michel Martelly, quien tomó posesión en 2011, es el primer líder haitiano en casi 20 años que no guarda relación con el Partido Lavalas del caudillo Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, las expectativas de un mejor crecimiento económico bajo su gobierno no se han cumplido. El Fondo Monetario Internacional estimó en diciembre que el Producto Interno Bruto creció 2,5% en 2012, muy por debajo del 4,5% que había pronosticado en un principio. La inflación, dijo el FMI, "se aceleró a partir de fines de junio, alcanzando 6,8% en octubre". La institución atribuyó el menor crecimiento al mal clima y "una lenta ejecución del gasto público", y el brote de inflación al "alza en los precios de los alimentos".
Hay explicaciones más plausibles del problema económico de Haití, empezando por la gigantesca brecha entre las declaraciones del gobierno a favor de las reformas y la realidad. El primer ministro Laurent Lamothe utiliza las palabras adecuadas al aludir al "fortalecimiento del Estado de Derecho" y "convertir a Haití en un lugar atractivo para los inversionistas extranjeros y locales". Habla con devoción sobre el plan del gobierno para un parque industrial en el norte del país que, según dice, generará 20.000 empleos. "Con una tasa de desempleo de 52%", escribió Lamothe en julio, "este parque representa una oportunidad inigualable para crear lo que Haití tanto necesita para romper con el ciclo de la extrema pobreza".
¿No sería grandioso? Pero el verdadero problema de Haití queda al descubierto en el informe Haciendo Negocios 2013 del Banco Mundial, que evalúa el clima para las iniciativas empresariales en 185 países. Este año, Haití cayó al puesto 174 de la clasificación. En cuanto a la facilidad para la "apertura de una empresa", Haití ocupa el lugar 183 en el mundo. En "protección de inversores" se sitúa en el puesto 169, frente a 167 el año pasado. En lo que respecta al "comercio transfronterizo", Haití descendió tres posiciones desde el año pasado para quedar en el puesto 149. El "pago de impuestos" también se volvió más difícil frente al resto del mundo, así como la "obtención de electricidad".
La funesta libreta de calificaciones sugiere que Haití tiene un problema político, no solamente de infraestructura deficiente o ayuda internacional insuficiente. Ha sido un secreto a voces durante décadas, por ejemplo, que el principal puerto del país es un nido disfuncional de corrupción, que paraliza el comercio.
Los intereses en el puerto están arraigados y, aparentemente, el costo político de resolver este problema es demasiado alto para Martelly. Se entiende. Pero que nadie se sorprenda cuando los costos transaccionales de esquivar el problema —importar los bienes desde la frontera con República Dominica o pagar enormes sobornos— sofoquen los negocios.
La construcción de un nuevo puerto en el norte del país, como ahora quieren los gurús de la ayuda, no logrará arreglar por su cuenta lo que es en esencia un problema institucional. Por el contrario, es probable que reduzca el interés del gobierno en invertir su capital político para resolver el problema.
Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 13 de enero de 2013.
Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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