por Robert Levy
Robert A. Levy es Presidente de la Junta Directiva del Cato Institute.
¿Por qué no emular en EE.UU. el modelo de control riguroso de armas de Australia?
Para empezar, porque no ha funcionado. Doce años después de que se implementaron las regulaciones nuevas, la revista Time reportó acerca de nuevas investigaciones que sugieren que el nuevo régimen “fue un desperdicio de dinero público y no ha logrado diferencia alguna en la tasa de muertes relacionadas a las armas”. La tasa de homicidio había estado cayendo desde antes de la prohibición de 1996; su declive después de la prohibición simplemente ha sido una continuación de esa tendencia. De hecho, no hay otro país que haya prohibido las armas que haya reducido su tasa de homicidio.
Eso no significa que nuestros controles de armas existentes sean óptimos. La detección y el tratamiento temprano de las enfermedades mentales podrían conducir a restricciones de acceso a las armas de fuego que los más ardientes defensores del derecho a portar armas podrían respaldar. Pero las regulaciones deben ser diseñadas con mucho cuidado, no simplemente como una respuesta predecible a la tragedia de Newtown. Los asesinatos de múltiples víctimas —desgarradores y terroríficos— son solo una fracción del 1% de todos los asesinatos que se cometen en EE.UU. y tristemente sucederán incluso donde los controles estrictos de armas sean impuestos.
Aquí está el principio general: La Corte Suprema ha afirmado que es un derecho individual portar armas para la auto-defensa y otros propósitos. Tales derechos no son absolutos. Pero las decisiones de la Corte significan que el gobierno ahora debe mostrar que las regulaciones propuestas aumentarán la seguridad pública.
18 estudios nacionales publicados en publicaciones académicas indexadas establecen que las leyes de derecho a portar armas, por ejemplo, reducen el crimen violento; 10 estudios indican que no hay un efecto discernible. No hay evidencia confiable que indique que tales leyes incrementen el crimen.
El argumento de la carga de la prueba fue central en una decisión de diciembre de 2012 de la Corte de Apelaciones de EE.UU. que derogó la prohibición para portar armas ocultas: “La evidencia teórica y empírica (que en general no es conclusiva) es consistente con la conclusión de que un derecho a portar armas de fuego en público podría promover la auto-defensa. Illinois tenía que proveernos con algo más que un mero fundamento racional para creer que su prohibición de singular envergadura se justifica con un aumento de la seguridad pública”.
Con todos los medios posibles, reconsideremos nuestras leyes de armas luego del desastre ocurrido el mes pasado. Pero hay costos significativos cuando se comprometen los derechos. Asegurémonos de los que los fines justifican los medios.
Este artículo fue publicado originalmente en USA Today (EE.UU.) el 19 de diciembre de 2012.