por Roberto Cachanosky
Roberto Cachanosky es Profesor titular de Economía Aplicada en el Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica en el Master de Economía y Administración de CEYCE, y Columnista de temas económicos en el diario La Nación (Argentina).
¿Quién no ha visto con preocupación los saqueos de los últimos días, trayendo a la memoria lo ocurrido en la crisis del 2001 y 2002? En rigor, los saqueos a los supermercados, comercios, estaciones de servicios, etc. nos impresionan por la violencia con que se hacen. Ver a la gente entrar a los supermercados rompiendo todo y robando de todo usando la violencia nos hace pensar en una crisis social, por más que se hagan todo tipo de especulaciones si esos saqueos son organizados de un lado o del otro.
Sin embargo, esos saqueos que vemos por televisión o personalmente (me ha tocado ver en vivo y en directo un saqueo en el 2001 viajando a Rosario en un supermercado a la altura de Campana) son, a mi juicio, la expresión última de un país que vive del saqueo. Es más, en la supuesta bonanza de la fiesta de consumo, hubo saqueos de todo tipo pero nadie los advertía porque la violencia del saqueo se ejercía “ordenadamente” vía el estado.
Desde hace décadas Argentina tiene un sistema de organización económica de saqueo generalizado, entendiendo por saqueo, apropiarse por la fuerza de algo que a uno no le pertenece. Ese sistema de saqueo organizado por el Estado, fue profundizado hasta límites insospechados por el kirchnerismo.
El sistema económico argentino no está basado en la cooperación pacífica y voluntaria, por la cual mi progreso depende de hacer progresar a mis semejantes. Es decir, generar ingresos produciendo algo que la gente necesita, en la calidad y precios que el consumidor está dispuesto a pagar. ¿Cómo funciona este sistema de cooperación pacífica y voluntaria? Muy sencillamente. El estado se encarga de que impere el respeto por los derechos de propiedad y mantiene la disciplina monetaria y fiscal. Bajo esas condiciones, los empresarios invierten a riesgo buscando satisfacer las necesidades de los consumidores. Pueden tener éxito o no, y el éxito dependerá de haber generado algún bien o servicio que la gente demande.
A su vez, en un país con inversiones, la gente tiene puestos de trabajo y cobra salarios, que irán creciendo en la medida en que aumente la productividad gracias a un mayor nivel de inversiones, lo cual lleva a más consumo y mejor calidad de vida.
Pero no es este el sistema que rige en Argentina. Los ingresos de los diferentes sectores se logran, en muchos casos, en base al saqueo. El estado, utilizando el monopolio de la fuerza, le otorga rentas extraordinarias a sectores empresariales para que estos obtengan ganancias que no hubiesen obtenido en condiciones de libre competencia. ¿Quién paga esa renta ilícita? El consumidor, que, por el cierre de la economía (vivir con lo nuestro) y otros mecanismos, puede acceder a menor cantidad de bienes, de peor calidad y precios más altos.
Para compensar ese perjuicio, el estado suele otorgar aumentos de salarios por decreto, o forzar incrementos salariales más allá de lo que permite la productividad de la economía, con lo cual, el consumidor que fue saqueado es compensado con otro saqueo a su favor. Dependiendo de la fuerza que tenga cada sector en cada momento, una vez gana uno sector y otras veces otro, pero siempre en forma transitoria.
Pero ahora se han agregado los famosos planes sociales en nombre de la justicia social, que de justicia no tienen nada y mucho de robo legalizado. Amplios sectores de la sociedad se sienten con derecho a que otros sectores los mantengan. Esa política requiere de recursos que el estado obtiene saqueando a las empresas y trabajadores con una mayor carga tributaria. Saquea a unos para financiar el mantenimiento de otros.
El kirchnerismo también saqueó el sistema energético para no mover las tarifas, pero como nada es gratis en economía, tuvo que financiar ese precio subsidiado con impuestos primero y luego, cada vez con más emisión monetaria. El estado saqueo los ahorros que la gente tenía en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para financiar la fiesta de consumo, para que la gente consumiera sin producir o consumiera más allá del ingreso real. Saqueo el transporte público con tarifas artificialmente bajas y, como contrapartida, saqueo el bolsillo de la gente con más impuesto inflacionario para financiar las tarifas baratas. Según el gobierno, esas tarifas baratas eran buenas porque permitían que la gente tuviera más plata en el bolsillo para consumir, hasta que la semana pasada Randazzo nos informó que los boletos de colectivo y trenes aumentaban el 40%. El preludio de que cada vez hay menos recursos genuinos para que el estado saquee.
Hasta ahora esta maraña de saqueos cruzados que hizo el Estado no generó grandes conflictos sociales porque el mundo ayudaba con la santa soja y, además, se consumía el stock de capital (destrucción del sistema energético, transporte público, rutas e infraestructura en general). Pero el saqueo existió y fue liderado por el estado. Digamos que el saqueo, hasta la semana pasada, era monopolizado por el estado y distribuía ese botín a gusto y placer.
El problema es que ya no hay más recursos para saquear tan fácilmente sin que se produzcan reacciones. Como en todos estos años el gobierno desestimuló la inversión y estimuló el consumo, saqueando a diestra y siniestra con el sistema impositivo, la inflación y el consumo de stock de capital, todo parecía maravilloso.
Pero como ahora queda muy poco para saquear, la gente se enfurece y comienza a saquear por mano propia. Digamos que la misma dinámica del modelo llevó a que el estado perdiera el monopolio del saqueo y por eso tiene que salir a reprimir.
Ya no hay más un tipo de cambio real alto que actúe como protección arancelaria a favor del modelo de sustitución de importaciones. Ya no pueden otorgarse aumentos de salarios por encima de la tasa de inflación. Ya no quedan tantos activos líquidos para saquear y financiar el consumo y los planes sociales. Ya no queda tanto espacio para financiar un gasto público desorbitado e ineficiente que regala casas, computadoras, planes sociales, energía barata, etc.
El famoso modelo de saqueo generalizado ha agotado la economía. No hay inversiones para producir y crear puestos de trabajo porque el sistema de saqueo llevado a su máxima expresión por el cristinismo ha dejado anémica a la economía. Hay muy escasa demanda laboral, salarios reales que caen por la inflación y la presión tributaria. La gente descubre que la fiesta de consumo de todos estos años tiene un costo y el estado, aunque quiere hacerse el distraído, no tiene valor para decir que se acabó la ficción y que ahora la población tiene que pagar el costo de la fiesta de saqueo.
En síntesis, yo diría que los saqueos a los supermercados son la continuidad del saqueo organizado por el gobierno. Lo que pasa es que antes el gobierno utilizaba el monopolio de la fuerza para saquear, y digamos que era una especie de saqueo organizado. Ahora el saqueo es desorganizado. Como el estado no puede responder a las demandas de saqueo de la gente, entonces la gente saquea por su cuenta. El dilema, entonces, no es que haya saqueos, sino que el gobierno perdió el monopolio del saqueo.
Este artículo fue publicado originalmente en Economía para Todos (Argentina) el 24 de diciembre de 2012.
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