por Miguel Collado Di Franco
Miguel Collado Di Franco es economista titular del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (República Dominicana).
El pasado 17 de noviembre, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, pronunció un discurso en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en el que expresó la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de crecimiento y prosperidad, “basado en la justicia, la equidad y la cohesión social”. Aunque el discurso es bien intencionado, el planteamiento que hace, de llevarse a cabo, terminaría enraizando aún más los problemas sociales y económicos que pretende combatir.
Los asesores del presidente Medina enfocaron el problema desde el punto de vista del aumento en el “gasto social” como la solución para el problema del bajo nivel de ingresos de los dominicanos, el cual han señalado con los eufemismos “exclusión social” e “inequidad” en el discurso presentado en la Cumbre. En el texto se plantea la necesidad de incrementar el gasto del gobierno como fundamento del modelo de desarrollo propuesto, y se hacen críticas al rol del mercado en la economía dominicana argumentándose que el mismo ha sido causa de la pobreza que afecta a los dominicanos. Estas ideas necesitan ser analizadas si serán, en el futuro, base ideológica para el diseño de las políticas públicas en el país. Además de que su pronunciamiento estuvo acompañado de una invitación hacia los gobiernos de los países presentes para adoptar medidas conjuntas.
Para empezar, en el discurso se pasa por alto algo esencial en economía. Para que los individuos, de cualquier país del mundo, puedan contar con mayor calidad de vida, el primer paso es tener una economía que pueda atraer inversiones que permitan crear procesos productivos que proporcionen empleos que, a su vez, eleven los ingresos de los ciudadanos. Esta ha sido, en esencia, la base de todos los procesos de crecimiento económico que han tenido un efecto real sobre el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, desafortunadamente, República Dominicana no se encuentra —como no se ha encontrado en muchos años— en la mejor posición para atraer inversiones y ser competitiva a nivel internacional. De acuerdo al Índice de Competitividad Global, por ejemplo, la posición del país es la 105 de 144. Esta posición es sólo superior a las que ocupan Nicaragua, Paraguay y Venezuela entre las economías de América Latina. Y precisamente estos tres países han desarrollado, en el pasado reciente, modelos económicos basados en una ideología similar a la planteada en el discurso. En el ranking del reporte Doing Business 2013, por su lado, el país aparece en la posición 116, bajando de la posición 86 que ocupaba en el informe de 2010. Es decir, ha perdido treinta peldaños en los últimos tres informes.
Lo anterior no debe extrañar a nadie que tenga conocimiento de lo que ocurre en el país caribeño, donde las garantías jurídicas son muy débiles, lo que afecta el régimen de la propiedad privada; el sistema tributario es modificado en promedio cada veinte meses, alterando así las reglas del juego para los inversionistas; la energía eléctrica tiene un precio muy elevado y el servicio es de mala calidad; la corrupción afecta las instituciones públicas; y la inseguridad ciudadana dificulta llevar una vida productiva normal a sus ciudadanos. Pero mientras estos problemas se agravan continuamente, el Estado dominicano crece a pasos acelerados, interfiriendo el desarrollo de la inversión que se aventura a establecerse en el país.
La realidad es que entre 2005 y 2012 el gasto público se ha incrementado en 192%; sólo en 2012 se estima que habrá crecido en 40%. Es decir, en ocho años el Estado dominicano casi se ha triplicado. Hecho que ha motivado al FMI a admitir en un documento reciente que la política fiscal expansiva ha tenido como consecuencia la disminución de la actividad del sector privado. Entonces, plantear que se han llevado a cabo políticas para propiciar el desarrollo del mercado es ignorar la realidad que ha vivido la iniciativa privada en el país. Es decir, es desconocer la dificultad de llevar a cabo cualquier actividad emprendedora, por modesta que fuera, en República Dominicana.
Además de no solucionar los problemas que aquejan a la iniciativa emprendedora de los extranjeros y de los mismos dominicanos que quieren hacer negocios en el país, el aumento del gasto público tampoco ha tenido éxito en solucionar problemas cuya corrección sería base del “modelo de desarrollo” propuesto. En este sentido, los hechos son más que elocuentes. El gasto en educación, que forma parte, junto al de salud, de los que los asesores del presidente Medina denominan inversión social, ya se incrementó en 253% entre 2005 y 2012. Pero a pesar de esto, la calificación en educación primaria que otorga el Foro Económico Mundial fue ligeramente inferior en 2011 a la que obtuvo el país en 2005. Lo mismo se puede decir con relación al índice de educación que forma parte del Índice de Desarrollo Humano, el cual mantuvo la misma calificación en 2010 que en 2005, aunque ya entre esos cinco años el gasto había crecido 143%.
Entonces, ¿a donde ha llevado al país el aumento en el gasto? Las consecuencias han sido que la economía cuente en la actualidad con un déficit fiscal que representa 8,5% del PIB, que la deuda pública aumentara a más del doble entre 2005 y 2011 y que el gobierno impusiera recientemente el mayor incremento de impuestos que recuerden los dominicanos. Ante este escenario debiera primar la austeridad y la voluntad de realizar reformas que permitan el desarrollo de la iniciativa privada. Eso ha sido, fundamentalmente, lo que ha ayudado a lo países que mejor han afrontado la crisis internacional, y no el incremento en el gasto social como se infiere del discurso.
El gobierno dominicano, en lugar de invertir recursos escasos en tratar de repetir la historia de los países que han elevado el gasto público en desmedro de la iniciativa privada, debiera ver el ejemplo de aquellos que, gracias a reformas estructurales y políticas económicas prudentes, han logrado alcanzar niveles de desarrollo que benefician a sus ciudadanos. Sólo se necesita la voluntad de retomar la agenda de reformas estructurales que fue abandonada en la década de los noventa y, en adición, emprender medidas institucionales que propicien la estabilidad en las reglas del juego para los inversionistas, así como que garanticen la seguridad jurídica y ciudadana. Desde el mismo gobierno existen análisis que demuestran que mejorar el clima de negocios no es difícil y conlleva recursos mínimos. Se trata de aprender de las experiencias de las buenas políticas que otros ya han implementado de manera exitosa; no es necesario diseñar un modelo nuevo. La labor más ardua en este sentido sería, esencialmente, iniciar el camino; poner manos a la obra. Hacer esto, estamos seguros, contaría con el apoyo de los dominicanos que se han manifestado en las calles del país y que, a juzgar por lo que expresan mediante sus consignas y pancartas, quieren un estado que garantice sus derechos y que sea comedido en el gasto.