por Mary Anastasia O'Grady
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
Hasta antes del 11 de septiembre de 2001, cuando más de 2.700 inocentes murieron en el World Trade Center en Nueva York, el peor ataque terrorista en el continente americano había sido la bomba del 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. El atentado con una camioneta cargada de explosivos arrasó con el edificio de concreto de cinco pisos que era sede del centro comunitario judío y provocó su colapso. El saldo: 85 muertos y más de 150 heridos.
En los años posteriores, el gobierno argentino mostró poco interés en perseguir a los autores y el caso pareció enfriarse. Luego, en 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner nombró a Alberto Nisman como fiscal especial en el caso y respaldó una nueva investigación.
En octubre de 2006, Nisman acusó a siete iraníes y un libanés miembro de Hezbolá del ataque. Interpol emitió "notificaciones rojas" para arrestarlos. Sin embargo, seis años después ninguno de los acusados ha sido capturado (El sospechoso libanés fue asesinado en Siria en 2008, presuntamente por Mossad, el servicio secreto israelí).
El atentando contra la AMIA está otra vez en los titulares porque el gobierno argentino reveló que ha iniciado conversaciones bilaterales con Irán sobre el caso en las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. El diálogo en sí es secreto y no se le ha permitido a Nisman participar. El canciller Héctor Timerman representa a Argentina.
Las familias de las víctimas deben confiar en que la meta de Argentina sea conseguir la extradición de los sospechosos, algo menos sería una injusticia grave. Pero el hermetismo de las conversaciones, la cercanía de Argentina con Venezuela, un aliado de Irán, y una campaña reciente de parte de Buenos Aires para impulsar sus relaciones comerciales con Teherán han levantado sospechas sobre la integridad del esfuerzo. Dado que Irán y su filial terrorista Hezbolá parecen determinados a establecer operaciones en América, este caso debería llamar la atención de todo el continente, en el Norte y en el Sur.
La investigación de Nisman concluyó que el ataque de 1994 fue una operación conjunta en la que Irán jugó un papel organizador clave y Hezbolá fue el grupo encargado de realizar el ataque. La lista de los ocho acusados incluye al ex presidente iraní Akbar Hashemí Rafsanyaní, un ex ministro de Información y Seguridad, y un ex ministro de Relaciones Exteriores. Otro acusado es Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Quds, una unidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y el actual ministro de Defensa del país.
Otro sospechoso, Mohsen Rabbani, fue agregado cultural de Irán en Buenos Aires. El nombre de Rabbani aparece en un comunicado de prensa del 13 de enero de la Oficina del Fiscal del Distrito Este de EE.UU. en Nueva York resumiendo la sentencia de Kareen Ibrahim y su papel en la "conspiración para cometer un acto terrorista en el Aeropuerto JFK". Según el comunicado de prensa, "los confabuladores… enviaron (al presunto conspirador) Abdul Kadir a encontrarse con sus contactos en la cúpula revolucionaria iraní, incluyendo a Mohsen Rabbani, el ex agregado cultural acusado por su papel protagónico en el atentado de 1994 al centro cultural judío AMIA en Buenos Aires, Argentina".
En julio de 2011, la revista judía en línea Tablet reportó que Irán había ofrecido "preparar un informe y participar en un diálogo sobre la bomba" y Timerman, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, "calificó el ofrecimiento iraní de 'un paso sin precedentes y muy positivo'". Según Tablet, el canciller también dijo: "Hay suficientes pruebas para llevar a juicio a varios ciudadanos iraníes y queremos ver si a través de este diálogo, entienden que todos tenemos que someternos a la justicia".
Luego de una reunión en septiembre entre Timerman y su homólogo iraní Ali Akbar Salehi, los dos emitieron un comunicado conjunto explicando que buscaban "explorar un mecanismo legal que no fuera en contra de los sistemas legales argentino e iraní".
Ese lenguaje habría sido diseñado para asegurarles a los que esperan justicia que los acusados serían llevados a juicio. Comunicados unilaterales de Irán, sin embargo, indican que el país no tiene intenciones de cooperar con Nisman.
El mes pasado, Martín Dinatale, un periodista del diario argentino La Nación, reportó que una fuente diplomática iraní declaró que la negociación sería "muy larga, sin condicionantes y acordada hasta el mínimo detalle" y también "reservada".
Dinatale escribió también que "la diplomacia de Teherán no quiso explicar los motivos que desataron las palabras del vocero" de Salehi en Ginebra rechazando "todas las acusaciones de la Justicia (Argentina) sobre el atentando contra la AMIA. Estas expresiones generaron un fuerte malestar en la comunidad judía local y entre las autoridades de la AMIA y de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas)".
De acuerdo con Dinatale, los escépticos en Buenos Aires "sospechan que el diálogo con Irán 'está muerto'" porque detractores tanto dentro del gobierno como en la oposición están listos para llamar a Nisman al Congreso para que hable sobre su investigación, la que deja en claro la culpabilidad de los acusados.
El sábado, Timerman anunció que finalmente se reuniría con la comunidad judía pero también dijo que el diálogo con Irán seguirá adelante. Sigue siendo un misterio lo que Timerman planea ofrecerle a Teherán ya que la Constitución argentina prohíbe al Ejecutivo interferir en los procesos judiciales.
Este artículo fue publicado originamente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 2 de diciembre de 2012.
Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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