por Ethan Nadelmann
Ethan Nadelmann es Director Ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA).
Washington y Colorado se convirtieron en los primeros estados en EE.UU. —y de hecho las primeras jurisdicciones políticas en el mundo— que han aprobado una regulación legal de la marihuana, similar a la del alcohol.
Sería un error describir la victoria de estas iniciativas en las urnas como “pro-marihuana”. La mayoría de aquellos que votaron a favor no consumen marihuana; de hecho ni siquiera les gusta y nunca la han consumido. Lo que los hizo votar de esa forma fue comprender que tenía más sentido regular, cobrar impuestos y controlar la marihuana que seguir gastando dinero y recursos tratando de hacer cumplir una prohibición inaplicable.
Si los gobiernos de estos estados proceden o no a regular la marihuana de la forma en que se regula el alcohol dependerá de dos cosas: De cómo reaccionen la administración Obama, los fiscales federales y las agencias policiales; y de hasta qué grado los funcionarios electos de estos estados se comprometan con la implementación de la voluntad de la gente. El hecho de que las leyes federales criminalizan explícitamente las transacciones que involucran la marihuana, y que el gobierno federal puede continuar haciendo cumplir esas leyes, significa que las autoridades federales podrían de hecho bloquear la implementación completa de estas iniciativas. Pero también hay buenas razones por las cuales la administración Obama debería, y podría, permitir que los gobiernos de estos estados procedan como sus electores lo han pedido.
Primero, es importante tener en cuenta que nadie necesita hacer algo inmediatamente. Las estipulaciones que legalizan la posesión personal de hasta una onza de marihuana, y que (en el caso de Colorado) también permiten cultivar hasta seis plantas en la privacidad de la casa de uno, se convertirán en ley a nivel estatal después de que las iniciativas sean certificadas durante las próximas semanas. Pero esas estipulaciones, aunque son contrarias a la ley federal, es probable que no acaparen la atención de las autoridades federales, quienes estarán más preocupadas con cómo estos estados proponen regular la producción y distribución de mayor escala. El gobierno de Colorado, sin embargo, tiene hasta el 1 de julio y el gobierno de Washington hasta fines del próximo año, para emitir un plan de regulación a nivel estatal. Eso brinda suficiente tiempo para consultas y diálogos.
Segundo, las altas autoridades en esos estados, incluyendo al gobernador de Colorado Hickenlooper y al Fiscal General Suthers, así como también al recientemente electo gobernador de Washington Jay Inslee y al fiscal general de ese estado Bob Ferguson, todos han dicho que trabajarán para hacer respetar las nuevas leyes, a pesar de que se opusieron a estas. Los dos funcionarios recién electos en Washington también podrían verse motivados por el hecho de que la iniciativa de la marihuana obtuvo más votos que los dos.
Tercero, aunque el fiscal general federal, Eric Holder, advirtió a los electores californianos en octubre de 2010 que el gobierno federal no permitiría que la iniciativa de legalizar la marihuana fuera implementada si ganaba (que no sucedió), tales advertencias no se hicieron este año. Los ex zares y jefes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. se unieron para pedirle a Holder que dijera algo nuevamente, pero tanto él como el presidente Obama permanecieron en silencio, tal vez influenciados por las encuestas que mostraban un respaldo sólido a la legalización de la marihuana entre los electores jóvenes e independientes en el estado bisagra de Colorado y otros lugares.
Cuarto, las acciones de la administración Obama, en vista de los 18 estados que han legalizado la marihuana para usos medicinales, ofrece pistas importantes. Los fiscales federales han actuado de manera más agresiva en aquellos estados, como Montana y California, que no han adoptado una regulación para la marihuana, y han mostrado mayor moderación en lugares como Nuevo México, Maine y Colorado, donde los gobiernos han estado profundamente involucrados en la materia. El presidente Obama no ha incumplido por completo la promesa que hizo como candidato en 2008 y que reiteró como presidente en 2009, de que el gobierno federal se abstendría de procesar penalmente a los proveedores de marihuana para uso medicinal que operan legalmente de acuerdo a las leyes estatales. Él tiene la autoridad de declarar una política similar de abstención respecto a las nuevas leyes en Colorado y en Washington.
Quinto, en mis conversaciones con líderes extranjeros y con importantes donantes y asesores del Partido Demócrata que han discutido la política de drogas con el presidente a lo largo del último año, todos dicen que Obama parece interesado en buscar más reformas a las políticas de drogas durante su segundo período. Seguramente nada dramático, pero hay la sensación de que él y aquellos que lo rodean lo comprenden —y dirán y harán cosas en un segundo período que no hicieron durante el primero.
¿Seguirán los fiscales y agentes federales repitiendo el mantra de que “todo esto es ilegal en virtud de la ley federal” y que la Ley Federal de Sustancias Controladas está por encima de todas las leyes estatales? Sí, por supuesto. Pero están en contra de varios argumentos poderosos que también merecen respeto. Estas nuevas leyes fueron aprobadas mediante iniciativas populares, lo que constituye la expresión más clara de la voluntad de la gente. Los resultados fueron consistentes con las encuestas de opinión pública de principios de este año, antes de alguien gastara un centavo en propaganda política. Los electores claramente sabían por lo que estaban votando.
Implementadas efectivamente, las nuevas leyes podrían ofrecer beneficios fiscales en términos de reducir los costos de la justicia criminal y aumentar la recaudación tributaria, beneficios de seguridad pública en términos de transformar un mercado criminal y clandestino en uno que es regulado y parte visible de las economías locales, y beneficios de salud pública en términos de regular la calidad y potencia de las sustancias consumidas por millones de estadounidenses. También, debe decirse, avanzarán la causa de la libertad.
“Es uno de los episodios felices del sistema federal”, escribió (en la opinión de minoría) en 1932 el magistrado Louis D. Brandeis, “que un solo estado con coraje pueda, si sus ciudadanos lo deciden, servir como un laboratorio; y ensayar novedosos experimentos sociales y económicos sin arriesgar al resto del país”. No uno sino dos estados con coraje han decidido servir de esta manera. El presidente Obama debería hacer todo lo que está dentro de sus capacidades para permitirles hacerlo bien.
Este artículo fue publicado originalmente en The Huffington Post (EE.UU.) el 14 de noviembre de 2012.