por Mary Anastasia O'Grady
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
Once años después de una crisis cambiaria y de deuda que derrocó al gobierno del presidente Fernando de la Rúa, Argentina está nuevamente bajo la amenaza de un descontento popular. Se estima que alrededor de 700.000 porteños marcharon el 8 de noviembre en Buenos Aires (que tiene una población de 3,1 millones), para expresar su oposición a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Incluso teniendo en cuenta una posible exageración de los proponentes de la marcha, que suministraron la cifra, fue una movilización de envergadura.
Naturalmente, debido a que los helicópteros de propiedad privada no estaban autorizados para sobrevolar durante el evento (Hugo Chávez usa la misma táctica durante las protestas en Venezuela), fue difícil medir el tamaño de la multitud. Pero la demostración en Buenos Aires (así como marchas más pequeñas llevadas a cabo el mismo día en otras ciudades) fue significativa.
Kirchner, quien en octubre de 2011 fue electa a un segundo mandato de cuatro años con 54% del voto, parece estar sumergida en un profundo problema político. Para entender la razón, hay que recordar lo que advirtió en 1976 la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, a los socialistas "siempre se les acaba el dinero de otras personas".
Hasta el punto que ha funcionado, el modelo económico de los Kirchner ha dependido de la cesación de pagos en 2001 sobre US$100.000 millones en deuda e intereses, un peso débil, proteccionismo, confiscación de la propiedad privada, controles de capital, violación de contratos e impuestos altos. En otras palabras, ha dependido del dinero ajeno. Ahora, como advirtió Thatcher, el efectivo se está agotando.
La economía se contrajo 0,6% en el segundo trimestre frente al mismo período del año pasado. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), un centro de estudios de Buenos Aires, proyecta un crecimiento del PIB de apenas 1,5% en 2012. Economistas independientes calculan que la inflación se ubica en casi 25% anual. A medida que los salarios se ajustan al alza para compensar la pérdida de poder adquisitivo, los trabajadores son gravados con impuestos más altos. Los argentinos que viajan al exterior tienen ahora que explicar sus planes a los burócratas del gobierno si quieren comprar moneda dura.
A estos problemas que afectan el bolsillo hay que añadir el alza de la criminalidad, escándalos de corrupción recurrentes, el aumento de los esfuerzos antidemocráticos para silenciar a los medios de comunicación y pronunciamientos de aliados de Kirchner sobre una enmienda constitucional que le permita optar a un tercer período. El gobierno también ha irritado a los líderes laborales con sus planes de transferir a las arcas del gobierno cientos de millones de dólares en primas de salud que están bajo el control de los sindicatos.
Ahora, la pregunta de los US$64.000 (405.000 en los devaluados pesos argentinos que apenas hace 11 años estaban a la par con el dólar) es si lo que parece como el rechazo nacional a la clase política gobernante en Argentina resultará ser un punto de inflexión en los 10 años que la política económica lleva inclinándose hacia la izquierda.
Cabe estipular que lo único que une a los manifestantes es su descontento con el statu quo.
Algunos argentinos han entendido siempre la miopía de la estrategia económica kirchnerista y su peligrosa consolidación del poder. Pero muchos otros están molestos simplemente porque el Estado de bienestar ya no puede cumplir sus promesas. La triste realidad es que pocos líderes de la oposición u organizadores de grupos de base son partidarios de una economía libre, y eso significa que el país está lejos de cualquier revolución de mercado.
La buena noticia es que, al parecer, el plan de la presidenta para cambiar la constitución y postular a un tercer período sería derrotado en el congreso. Y a menos de que la economía repunte con fuerza, su ala del partido peronista podría sufrir grandes pérdidas en las elecciones legislativas previstas para el próximo año.
No es primera vez, sin embargo, que Fernández de Kirchner lleva las de perder. En 2008, cuando las consecuencias de la crisis financiera de EE.UU. se expandían por todo el mundo y la financiación comercial había colapsado, trató de aumentar los impuestos de exportación sobre el sector agrícola a niveles confiscatorios. Esto provocó una rebelión entre los agricultores que, en combinación con sus oponentes urbanos, lograron bloquear la medida. La popularidad de la presidenta cayó a 20%.
El crecimiento económico se desaceleró a 0,9% en 2009. No obstante, gracias a la generosa impresión de dinero de la Reserva Federal de EE.UU., los precios de los recursos naturales experimentaron un auge en 2010 y la presidenta nuevamente tuvo el viento a su favor. El PIB se expandió ese año 9,2%. En 2011, cuando fue candidata a la reelección, creció 8,9%.
Una recuperación similar de la actividad económica o alguna otra sorpresa pueden salvar a Fernández de Kirchner. Pero por ahora, las palabras de Thatcher parecen proféticas: el perfil de riesgo del país está subiendo y su reputación de honrar sus contratos se está hundiendo de nuevo después que el gobierno asumiera este año el control de la petrolera YPF, que estaba en manos de la española Repsol.
Existen pocas dudas de que algo importante pasó el 8 de noviembre, sin importar la estimación oficial de que solo 70.000 personas salieron a protestar. "Lo que tiene que tener en cuenta es que esta multitud fue, de lejos, la más grande vista desde que se recuperó la democracia en nuestro país en 1983", me dijo el miércoles desde Buenos Aires Julio Saguier, presidente de S.A. La Nación, que publica el diario del mismo nombre. Por desgracia, los paralelos entre este gobierno y la dictadura militar que fue finalmente derrotada entonces no terminan ahí.
Este artículo fue publicado originamente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 18 de noviembre de 2012.
Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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