por Mary Anastasia O'Grady
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
Después de que el martes los votantes en los estados de Colorado y Washington aprobaran la legalización de la marihuana, nace la esperanza de que el gobierno de EE.UU. esté al principio del fin de su larga, tortuosa e inútil guerra federal contra las drogas.
Si la Constitución estadounidense vale de algo, al gobierno nacional nunca se le dio el poder de regular el uso de droga dentro de los estados. Esa prerrogativa le pertenece a los gobiernos estatales, aunque el Departamento de Justicia de Barack Obama ya ha anunciado que planea defender la posición de "niñera estatal" que indica que el gobierno central tiene que proteger a las personas de ellas mismas.
Mientras tanto, al sur de EE.UU., los países parecen estar atravesando sus propios cambios de paradigmas en el tema. Como en el caso de EE.UU., el ímpetu de cambio viene de la sociedad civil, no del gobierno.
Durante los seis años de confrontación sangrienta con los carteles de la droga, el gobierno de Felipe Calderón ha tratado de minimizar el horror al insistir que la impresionante cifra de víctimas fueron miembros de bandas criminales asesinados por otros criminales. Pero cómo pueden las autoridades saber quién mató a quién. Solo cerca de 4% de todos los delitos en el país llega a resolverse. Nadie entiende esto mejor que los parientes de los muertos, que en muchos casos han objetado la caracterización de sus seres queridos asesinados como criminales.
Ahora, surge evidencia de que la violencia del narcotráfico está afectando la sociedad mexicana de manera más amplia de lo que el gobierno quiere admitir. Un ejemplo es el hecho de que "trabajar" para la mafia en México, en muchos casos, no es voluntario. Algunos empleados de los carteles, particularmente individuos con capacidades técnicas o de ingeniería que los mafiosos necesitan, habrían sido reclutados a punta de pistola.
Especialistas en telecomunicaciones que saben cómo instalar antenas y transmisores son particularmente codiciados. Los carteles también apuntan a la contratación de menores de edad. Mientras tanto, un informe del 4 de noviembre en el diario Reforma dijo que los doctores y las enfermeras en zonas rurales se sienten amenazados por una sensación abrumadora de inseguridad y muchos quieren renunciar.
El presidente electo, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, quien asumirá el poder el 1 de diciembre, ha señalado un ligero cambio de curso. En una entrevista en Nueva York antes de las elecciones de julio, me dijo que esperaba priorizar la reducción de los crímenes violentos, especialmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Por supuesto, cuando le pregunté, añadió que continuará persiguiendo a los narcotraficantes. Pero eso suena muy parecido al modelo estadounidense, donde las drogas viajan fácilmente desde, digamos San Antonio, en Texas, a Chicago, en el norte del país, y los narcos saben qué pueden y qué no pueden hacer en el proceso de colocar su producto en el mercado.
El nuevo presidente podría obtener el apoyo de su predecesor, un ex ferviente guerrero contra el narcotráfico que parece haber tenido una epifanía. En su discurso ante las Naciones Unidas en septiembre, Calderón explicó que el "problema fundamental" es el enfoque de alejar la droga de los jóvenes mediante el combate legal del tráfico: "Las enormes ganancias derivadas del mercado negro, provocado por la prohibición, han exacerbado la ambición de los criminales, han aumentado todavía más el masivo flujo de recursos hacia sus organizaciones. Esto les permite crear redes poderosas, les da una capacidad de corrupción prácticamente ilimitada, son capaces de comprar gobiernos y cuerpos policiacos enteros, dejando inermes a las sociedades, dejando indefensas a las familias, especialmente a las naciones más pobres".
Ya no se escucha tanto el argumento de que las víctimas de la guerra mexicana contra las drogas son casi siempre delincuentes. Incluso el gobierno ha tenido que abandonar ese raciocinio a medida que grupos de derechos humanos junto con las familias de quienes han muerto o desaparecido se organizaron para presionar y destapar la verdad acerca de lo que ha pasado con sus seres queridos. La creencia de que organizaciones delictivas, algunas veces con ayuda de fuerzas del orden corruptas, están secuestrando personas con capacidades especializadas está ganando credibilidad.
Según un informe del 29 de octubre publicado en el sitio web mexicano Animal Político, el patrón en estos secuestros es notable porque las familias no reciben pedidos de rescate, y usualmente ocurren en zonas dominadas por los carteles. Entretanto, el ejército ha descubierto muchas redes de telecomunicaciones sofisticadas "clandestinas" en áreas remotas donde los carteles operan.
"No veo yo cómo iba a ser algo casual (la desaparición de técnicos)", dijo al sitio web Animal Político Felipe González, secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. "Por ejemplo, ninguno de los ingenieros en sistemas desaparecidos ha sido hallado, pero el año pasado hombres armados detuvieron un autobús de pasajeros y obligaron a bajar a dos personas que dijeron trabajar en una empresa de sistemas; el problema es que no eran técnicos, sino cobradores, y ellos sí aparecieron rápidamente, aunque asesinados".
Los estadounidenses están empezando a entender que la prohibición no es una manera efectiva de desalentar el uso de drogas. Pero si Peña Nieto quiere hacer de México una sociedad más justa, será mejor que no espere a que la enorme burocracia gubernamental de EE.UU. que vive de la "guerra" de un paso al costado. Ellos hacen oídos sordos al mensaje que los votantes de Colorado y Washington enviaron la semana pasada.
Este artículo fue publicado originamente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 11 de noviembre de 2012.
Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011
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