por Jorge Castañeda
Jorge Castañeda fue Ministro de Relaciones Exteriores de México durante la presidencia de Vicente Fox. Este ensayo fue originalmente publicado en el Economic Development Bulletin (24 de septiembre de 2012) y está parcialmente basado en el discurso que Castañeda dio en la conferencia "Acabando con la guerra global contra las drogas" (en inglés) que se realizó en el Cato Institute el 11 de noviembre de 2011. Aquí puede descargar este ensayo en formato PDF.
Si no nos preguntamos por qué México se involucró en una lucha agresiva contra los cárteles de droga, será muy difícil entender cómo salir de ella. Muchos de mis colegas en México y EE.UU. dicen, “Bueno, cualesquiera que hayan sido las razones por las que el presidente Felipe Calderón tuvo para involucrarse en esta guerra, el hecho es que ahora estamos en ella y tenemos que hacer algo al respecto”. Sí, pero no es un ejercicio ocioso retroceder y ver hasta qué medida esta guerra fue declarada, hace más de cinco años, bajo premisas falsas.
Premisas falsas para iniciar la guerra contra las drogas
La primera premisa falsa: La violencia en México venía aumentando y algo tenía que hacerse al respecto. Esto simplemente no es verdad. La violencia en México había estado cayendo de acuerdo a cualquier indicador, principalmente de acuerdo al más importante y confiable: los homicidios voluntarios por cada cien mil habitantes. Desde principios de los noventa hasta el 2007, la violencia en México había caído de alrededor de 20 homicidios voluntarios por cada cien mil habitantes por año a alrededor de 8 anuales en los años 2006 y 2007. Esa tasa es aún más alta que la de EE.UU., pero es un tercio de la tasa de Brasil, un décimo de lo que Colombia vio en sus peores años y un tercio de la tasa mexicana de hoy. La violencia en México había venido cayendo por 20 años, pero se disparó del 2007 en adelante. En el año 2011, la violencia en México llegó a niveles comparables con los de Brasil.
La segunda falsa premisa: El consumo de drogas en México estaba llegando a un nivel alarmante. México había pasado de ser un país de tránsito a ser un país de consumo. Algo se tenía que hacer al respecto. Esto simplemente no es verdad. La tasa de consumo de drogas de México está entre las más bajas de América Latina —es mucho más baja que las de los países centroamericanos, que la de Brasil o Colombia— e incluso más baja que las de Chile y Uruguay. Además, los aumentos, que si bien son muy significativos en términos puramente estadísticos, se dieron desde una base tan baja que eran insignificantes.
México no es un mercado para las drogas por una razón muy sencilla: Solo un traficante desquiciado vendería drogas en México. Justo al otro lado del río se encuentra el mercado mas grande y rico del mundo para la venta de su mercancía. En México los traficantes de drogas no están desquiciados, son empresarios muy inteligentes y sofisticados. Este no es el caso en Bolivia. Bolivia queda cerca de Brasil, de Chile y de otros lugares. Si ya lograste introducir la mercancía a México ¿para qué venderla ahí si se puede vender al otro lado de la frontera por 10 a 15 veces más? No hay señal alguna de algún aumento significativo en el consumo de drogas en México a lo largo de los últimos 15 años. Este ha permanecido estable y en niveles muy bajos.
Tercera premisa: Los cárteles de drogas se habían vuelto tan poderosos que se estaban apoderando del país. Esto es difícil de calcular. ¿Cómo se sabe cuando parte del país ha sido tomado por los cárteles de drogas? Bueno, probablemente la única manera de saberlo sería retomando el control de un lugar y anunciando que ese lugar que antes estaba en manos de los cárteles ya no lo está, y que en el proceso hemos arrestado, matado o encarcelado, no a los traficantes —eso no sería difícil de hacer— si no a los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los congresistas, los jefes de la policía, etc. Bueno, esto no ha ocurrido en un solo estado de México durante los más de cinco años del gobierno del presidente Calderón. Ni un solo gobernador, ex-gobernador, ni un alcalde importante de una ciudad importante, ni un diputado o senador; nadie ha sido encarcelado por este tipo de reconquista territorial. Es cierto que se han encarcelado y liberado a policías, pero eso es parte de otra historia. Incluso en Michoacán, cuando Calderón arrestó a 30 alcaldes en su estado natal y dónde empezó la guerra hace cinco años, las autoridades tuvieron que liberar a los 30 alcaldes arrestados porque no tenían un caso contra ellos. Así que la guerra fue declarada bajo premisas falsas. Ninguna de las premisas era verdadera.
La verdadera razón para declararle la guerra a los cárteles
Entonces, ¿por qué se declaró la guerra? Creo que se hizo por razones políticas muy simples. Yo voté por el presidente Calderón. Hice llamados a que la gente votara por él. Respaldé sus esfuerzos después de las elecciones por asumir la presidencia porque pensé que él había ganado y pensé que había ganado de manera limpia —por un 0,56 por ciento. Es verdad que no fue una victoria aplastante, por decirlo de alguna manera, pero ganó la elección. Creo que fue una elección esencialmente limpia, pero él decidió que, como muchos presidentes mexicanos antes que él, tenía que hacer algo espectacular al momento de asumir la presidencia, para poder consolidarse y legitimarse luego de una elección severamente cuestionada y controversial.
Así que Calderón decidió por razones políticas que lo que iba a hacer era enviar a las fuerzas armadas a Michoacán y a otro par de estados, hacer el trabajo y luego retirarse. Las cosas no resultaron de esa manera. La guerra contra los cárteles fue declarada por razones políticas, no por razones relacionadas a las drogas. Esto es importante porque significa que si las premisas eran falsas en ese entonces, siguen siendo falsas ahora. Y esto significa que si cambiamos las estrategias y encontramos una alternativa, no tenemos que lidiar con las causas de la guerra, tenemos que abordar otras causas y otros efectos de la guerra —por ejemplo, el desastre de derechos humanos que se ha dado en México a lo largo de los últimos cinco años, que ha sido documentado recientemente en un reporte publicado por Human Rights Watch.1
Los costos
¿Cuáles son los costos? Primero, tenemos alrededor de 55.000 muertes relacionadas a las drogas desde que Calderón asumió la presidencia. Esto es más que el número de estadounidenses que murieron en Vietnam, pero en un país con un tercio de la población de EE.UU.
Segundo, tenemos una situación de derechos humanos en México en donde los incidentes de tortura, ejecuciones extra-judiciales y desapariciones forzadas han aumentado exponencialmente, como ha sido documentado por grupos de derechos humanos mexicanos e internacionales. Eso es algo que el mismo gobierno está reconociendo y tratando de resolver. La manera en que el informe de Human Rights Watch fue recibido por Calderón y su gabinete en noviembre del año pasado muestra que la discusión consiste más en qué hacer al respecto y no en si el informe es cierto o no. Se trata de un país que ha tenido enormes problemas de derechos humanos a lo largo de los últimos 30, 40 ó 50 años, pero donde la situación de derechos humanos había estado mejorando considerablemente bajo los gobiernos de los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, presidentes que representan dos partidos distintos.
Tercero, hemos sufrido una destrucción de la imagen de México frente al mundo. Para algunos países esto es más importante que para otros. Para México, una imagen terrible frente al mundo importa bastante. Si se pueden ver escenas como las que se ven en la televisión y en los periódicos a través de todo EE.UU. —de gente siendo decapitada, colgando de puentes o ejecutada en las calles— y la industria más importante es la del turismo, entonces existe un gran problema.
Finalmente está el tema del dinero. México es un país grande; es un país rico. Nuestro presupuesto este año será de alrededor de $320.000 millones. Para fines de la administración Calderón, habremos gastado alrededor de $60.000 millones combatiendo el tráfico de drogas, además de lo que gastamos normalmente en seguridad y en el ejército. Esa es una cantidad considerable de dinero para un país de nuestro tamaño.
Así que si usted suma todo esto, puede ver que los costos de esta guerra han sido inmensos. Los resultados positivos no son muy claros. Por ejemplo, la erradicación y la interdicción de marihuana y heroína, las drogas que producimos en México, han caído significativamente. Hoy en México estamos confiscando considerablemente menos marihuana y heroína que hace 10 años.
En cuanto a la cocaína, es difícil saberlo, porque viene del sur, básicamente de Colombia y Perú, a través de Centroamérica, rumbo a EE.UU. Aparentemente se puede haber dado una pequeña caída en la cantidad de cocaína transitada a través de México a EE.UU. Pero si hubiese habido una caída considerable, esta se vería reflejada en los precios de la cocaína en las calles de Nueva York o Washington, DC, y a menos que alguien conozca algo distinto, esa subida en el precio no se ha dado. Ha habido un alza ligera en el precio, pero no tan grande que refleje una caída tremenda en la oferta a lo largo de los últimos cinco o seis años. Con respecto a la metanfetamina y otras drogas sintéticas, algunas de las cuales producimos en México con insumos chinos, puede que haya habido una caída, pero los resultados ahí no son significativos.
¿Qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer al respecto? Primero, creo que el ejército debe regresar a los cuarteles y solo ser utilizado excepcionalmente cuando exista una situación muy crítica, con instrucciones e indicaciones muy claras de cuántos soldados serán enviados, cuánto tiempo estarán allí y cuándo serán retirados. La definición de una crisis debería ser muy específica.
Segundo, tenemos que construir una fuerza policial nacional. Calderón ha hecho un esfuerzo, como lo hizo Fox antes que él, pero no ha sido suficiente. Hoy tenemos alrededor de 25.000 policías federales. Este es un país de 115 millones de habitantes. Colombia tiene 165.000 miembros de la policía nacional en un país que es 2,5 veces menos poblado que México. Si quisiéramos tener el equivalente en México, necesitaríamos 400.000 policías federales, ya que la policía municipal es inútil, en el mejor de los casos. Así que tenemos que pasar de 22.000-25.000 a 100.000-150.000 policías federales muy rápidamente.
Esto requiere de mucho dinero, algo de tiempo y mucho respaldo. Podríamos obtener el apoyo de todo tipo de lugares, pero solamente hay un lugar de donde realmente lo obtendremos. Ese lugar es EE.UU. Tenemos que pensar muy seriamente en México de cómo queremos hacer esto. ¿Queremos enviar a 100.000 policías mexicanos a ser entrenados en EE.UU. o queremos tener a un par de miles de asesores estadounidenses entrenándolos en México? Políticamente, es imposible lograr que los asesores vayan a México. Económicamente, es imposible lograr que los policías mexicanos vayan a EE.UU. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos un problema.
Necesitamos concentrar todos nuestros esfuerzos, como ha dicho Mark Kleiman de la Universidad de California en Los Ángeles, en combatir la violencia y el crimen —los secuestros, la extorsión, el homicidio, hurtos en el hogar y de autos, entre otros— en lugar de concentrarnos en el asunto de las drogas.2 Las drogas no perjudican a México. Si perjudican a los estadounidenses o no es una cuestión que los estadounidenses tienen que decidir por sí mismos, así como también lo es la cuestión de cómo quieren los estadounidenses combatir el daño que las drogas le ocasionan a la sociedad —si es que en realidad causan daño. Esa es una discusión estadounidense, no es nuestra discusión y tampoco nos incumbe. No tiene sentido alguno que aportemos hasta 55.000 vidas para evitar que las drogas entren a EE.UU., las cuales, una vez que ingresan al país son, de facto o de jure, legalmente consumidas. Felicito a los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), así como también a otros colegas de la Comisión Global de Políticas de Drogas, por señalar esto.
Si concentramos los recursos que tenemos en combatir la violencia, podríamos reducirla a los niveles que teníamos en los años 2006-2007 y podríamos empezar a abordar la cuestión de cómo hacer todo esto sin alentar la cultura de la ilegalidad, que en México nos ha plagado ya por alrededor de 400 ó 500 años (probablemente incluso desde antes de que los españoles llegaran ya estábamos en problemas en ese aspecto, aunque ellos empeoraron las cosas). Por esta razón considero que es muy importante que el próximo gobierno mexicano —y el presidente Calderón ha empezado a considerar esto— tiene que ser muy claro sobre la legalización de las drogas, empezando con la marihuana, pero no necesariamente limitando la legalización a esa droga.
¿Por qué presionar a favor de la legalización? Porque no podemos hacerlo solos. Si los estadounidenses no lo hacen, nosotros no lo podemos hacer. Los precios son fijados en EE.UU., no en México, así que legalizarla solamente en México no reducirá realmente las ganancias de los cárteles porque estas vienen del negocio ilícito en EE.UU. Si EE.UU. no legaliza, y México lo hace, todo lo que lograremos es meternos en problemas con los estadounidenses sin realmente afectar las finanzas de los cárteles.
México, junto con Colombia, tal vez algún día con Brasil y Perú, deberían hacer de la defensa de la legalización en EE.UU. su principal tarea de política exterior. México hoy tiene claramente la autoridad moral y el presidente Juan Manuel Santos de Colombia ciertamente tiene la autoridad moral para venir a EE.UU. y decir: “Miren señores, hicimos esto por 40 años, al igual que ustedes. Nosotros hemos puesto hasta 55.000 cuerpos, hemos gastado una fortuna, hemos destruido nuestra imagen en el mundo, hemos afectado al turismo, hemos hecho todo lo que humanamente se puede hacer y no funciona, así que tenemos que hacer otra cosa”. Es muy importante, por supuesto, que ex presidentes con el prestigio de Cardoso y sus colegas hagan esto. Pero es todavía más importante que los presidentes en ejercicio lo hagan —especialmente los actuales presidentes de México y de Colombia, quienes por razones personales tienen el prestigio para hacerlo.
Si trabajásemos de acuerdo a estos tres lineamientos —combatir la violencia, no el tráfico de drogas; construir una policía nacional y retirar a las fuerzas armadas; y luchar por la legalización, aún si no podemos hacerlo de la noche a la mañana con todas las drogas —tendremos el principio de una política alternativa que puede funcionar.
Referencias:
1. "Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México". Human Rights Watch. Noviembre de 2011.
2. Mark Kleiman, "Surgical Strikes in the Drug Wars: Smarter Policies for Both Sides of the Border", Foreign Affairs 90, no. 5 (septiembre-octubre 2011): 89-101.
3. Comisión Global de Políticas de Drogas, "Guerra a las drogas: Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas", junio de 2011.