Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.
Esta entrevista fue publicada originalmente en la tercera edición de la revista Seguridad & Sociedad del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP).
¿Cómo evalúa la política de prohibición de drogas en Centroamérica?
La prohibición de las drogas es un absoluto fracaso en Centroamérica. La región cuenta ahora con tasas de homicidios superiores a las de la década de los ochenta cuando Centroamérica se encontraba sumergida en guerras civiles, y cuatro países del istmo —Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala—se encuentran entre las naciones más violentas del mundo. Según las Naciones Unidas, el 60% del crimen en la región está relacionado al narcotráfico. Y la situación promete empeorar conforme los carteles de la droga mexicanos extienden su influencia hacia Centroamérica producto de la presión que sufren en México a raíz de la estrategia del presidente Felipe Calderón. Los países centroamericanos ya cuentan de por sí con instituciones débiles y esta vulnerabilidad se ve magnificada por la influencia del narcotráfico en la región. A pesar de aumentar sus presupuestos de seguridad en un 60% en los últimos 5 años, los gobiernos centroamericanos gastaron en el 2010 apenas $4.000 millones en sus aparatos de seguridad y justicia, una cifra que palidece frente a los $25.000-$35.000 millones que se estima, ingresan anualmente a las arcas de los carteles mexicanos.
En su opinión, ¿la despenalización de las drogas en Centroamérica sería una decisión oportuna?
Resulta claro, y esto lo admite el propio presidente Otto Pérez Molina, que Centroamérica por sí sola no puede legalizar las drogas sin que otros paísesen el hemisferio—y especialmente EE.UU. —den el mismo paso. Sin embargo, eso no debe utilizarse como justificación para enterrar el debate. Todo lo contrario. Hay que aplaudir la propuesta del presidente guatemalteco, la cual ya ha logrado ser discutida por primera vez en una Cumbre de presidentes americanos. Cuando hablamos de legalizar las drogas es importante dejar claro cuatro aspectos en el debate:
- La legalización no implica aprobar o incentivar el consumo de drogas. El consumo de estupefacientes es una realidad histórica de la humanidad con la que debemos aprender a convivir.
- Hay una diferencia muy importante entre consumo de drogas y el abuso de ellas, tal y como existe una enorme diferencia entre consumo de alcohol y alcoholismo. No todo consumo de drogas se convierte en drogadicción.
- También existe una diferencia crítica entre las consecuencias negativas de la drogadicción —como la desintegración familiar, problemas de salud, pérdida de productividad, etc. —y las consecuencias negativas de la prohibición de las drogas, tales como el crimen, la violencia, la corrupción y altos niveles de mortalidad por consumo. Mucha gente, al argumentar contra la legalización, trae a colación imágenes de violencia y crimen, cuando en realidad estos son flagelos causados por la prohibición y más bien disminuirían significativamente una vez que el mercado negro de las drogas desaparezca con la legalización.
- Finalmente, y quizás lo más importante, es necesario aclarar que la legalización no pretende resolver el problema de la drogadicción ni los males sociales asociados a este fenómeno, los cuales es mejor abordar desde un enfoque de salud pública y no criminal. Lo que la legalización pretende es eliminar los efectos negativos de la prohibición antes señalados.
Con la legalización de las drogas los gobiernos obtienen más control sobre el mercado de estupefacientes al poder regular y gravar la producción y venta de los narcóticos, como actualmente ocurre con el tabaco y el alcohol. El dinero derivado de los impuestos sobre las drogas les permitiría a los gobiernos brindarles tratamiento a los adictos. Sin embargo, la mayor ventaja de la legalización es que ahuyentaría en gran medida a los elementos criminales del negocio de las drogas, disminuyendo, si no eliminando del todo, la violencia, el crimen y la corrupción asociados con el narcotráfico.
Ningún proponente de la legalización sostiene que esta sea una panacea. Sin embargo, sí es mejor que el fracaso de la prohibición. Ciertamente la legalización no es una solución al “problema de las drogas” ya que la drogadicción continuará siendo un flagelo. Pero así como la prohibición del alcohol resultó ser un enfoque equivocado al problema del alcoholismo, de igual forma la guerra contra las drogas ha sido un enfoque errado al problema del abuso de las drogas. Es necesario que los gobiernos centroamericanos tengan presente esto ante las críticas inevitables de que la legalización no resolverá el consumo de drogas.
Luego de que en la reciente Cumbre de las Américas la mayoría de los presidentes Centroamericanos se pronunciaron en contra de la propuesta de Otto Pérez de despenalizar las drogas, ¿cuáles cree que serían los caminos a tomar para avanzar en el debate?
John Stuart Mill una vez dijo que “todo gran movimiento debe experimentar tres etapas: el ridículo, la discusión y la adopción”. El hecho de que un tema tan polémico como la legalización de las drogas fuera discutido por primera vez en una Cumbre Presidencial hemisférica muestra que, a nivel político, el movimiento por acabar la guerra contra las drogas está entrando en una segunda etapa.
El hecho de que una mayoría de presidentes centroamericanos se manifestara en contra de la propuesta de Otto Pérez Molina, creo que radica más en las presiones que ejerció Washington sobre estos países, en particular El Salvador, Honduras y Nicaragua. Recordemos que estas naciones son beneficiarias del programa Estatus de Proyección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que brinda ciertos beneficios migratorios a los nacionales de esos países que se encuentran en EE.UU. La renovación del TPS ocurre cada año y se ha vuelto un foco constante de negociación entre Washington y los países beneficiados. Es interesante el ejemplo de Mauricio Funes en El Salvador: en un inicio él apoyó la propuesta de Pérez Molina de debatir la legalización de las drogas, pero luego de una visita de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Doméstica de EE.UU., cambió de parecer y se manifestó en contra. Curiosamente la renovación del TPS depende del Departamento de Seguridad Doméstica. También, estos tres países —que boicotearon la Cumbre Centroamericana que Pérez Molina organizó en Antigua previo al encuentro de Cartagena— también son beneficiarios de la ayuda de la Cuenta del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). De ahí que la oposición de estos países a la propuesta de Pérez Molina muy probablemente se deba a presiones de Washington, más que a convencimiento propio.
Sin embargo, Pérez Molina ha encontrado valiosos aliados en Juan Manuel Santos de Colombia y Laura Chinchilla de Costa Rica. Es de esperar que tarde o temprano otros presidentes de América Latina vuelquen su apoyo a tener un debate sobre la legalización, más aún cuando los efectos negativos de la prohibición se hagan más aparentes en México y Centroamérica.
¿Qué experiencias de la despenalización de drogas en otros países podrían ser útiles a este debate? ¿Qué diferencias hay entre los países de Centroamérica y estos países? ¿Existen experiencias de países similares a los nuestros?
Es importante repasar la experiencia de Portugal, que en el 2001 se convirtió en el primer país en despenalizar oficialmente el consumo de todas las drogas, incluyendo la cocaína y la heroína. Un estudio (en inglés) de Glenn Greenwald publicado por el Cato Institute encontró que “la despenalización no había tenido efectos adversos en las tasas de consumo de drogas en Portugal”, las cuales “en muchas ocasiones se encuentran ahora entre las más bajas de la Unión Europea”.
Cabe señalar que, si bien el consumo no aumentó como muchos temían, el número de adictos registrados en clínicas de rehabilitación se triplicó entre 1999 y el 2008. Es decir, la despenalización permitió enfrentar de mejor manera el flagelo de la drogadicción al remover el estigma criminal de los adictos y tratarlos como pacientes. El estudio encontró que el nivel de narcotráfico, medido por el número de convicciones relacionadas al tráfico de drogas, también había caído. Y la incidencia de otros problemas relacionados con las drogas, incluyendo el número de enfermedades transmitidas sexualmente y las muertes por sobredosis, ha “declinado dramáticamente”. El porcentaje de usuarios de heroína que se inyecta la droga cayó de 45% antes de la despenalización a 17% actualmente, ya que la nueva ley facilita los programas de tratamiento. Esto ha contribuido para que los drogadictos representen actualmente 20% de los casos de VIH en Portugal, un número significativamente inferior a 56% antes de la ley. Además, ya que los drogadictos ya no temen a ser castigados como criminales, un número creciente de ellos busca ayuda. El número de adictos registrados en programas de sustitución de drogas aumentó de 6.000 en 1999 a 24.000 en 2008, todo esto, vale enfatizar, sin que se presentara un aumento en el consumo de drogas.
La experiencia de Portugal demuestra que hay ejemplos sensibles en política sobre drogas. Sin embargo la despenalización, si bien es un paso en la dirección correcta, no elimina el mercado negro en la producción y comercialización de las drogas. Eso sólo lo logra la legalización, que no ha sido puesta en práctica por ningún país. Interesantemente, el fallido experimento de la prohibición del alcohol en EE. UU. de 1920 a 1933 fue de hecho un régimen de despenalización: el consumo de licor era permitido, pero no su producción y comercialización. De ahí que lo que debemos discutir es la legalización, no la simple despenalización del consumo.
Algunos, como el vicepresidente de EE.UU. Joseph Biden, han señalado a la debilidad institucional de los países centroamericanos como un argumento contra la legalización. Sin embargo, es precisamente porque nuestros países cuentan con instituciones débiles y vulnerables que resulta una quimera esperar que las mismas sean efectivas en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.
Hasta el momento no existen experiencias de despenalización de jure como la de Portugal en naciones con características institucionales y sociales como las de los países centroamericanos. Ciertamente países como México y Costa Rica no criminalizan el consumo de pequeñas cantidades de drogas, sin embargo, las leyes dejan un amplio margen de discrecionalidad que en la práctica se traduce en arrestos arbitrarios de consumidores. Sin embargo, aún cuando la despenalización del consumo es una medida positiva, el principal flagelo de Centroamérica no es el consumo de drogas sino la violencia que genera su tránsito de Sudamérica hacia EE.UU. Ese problema sólo puede ser confrontado con la legalización de la producción, venta y comercialización de los estupefacientes —una medida que si bien nuestra región no puede tomar unilateralmente, sí pueda ponerla en el tapete de discusión como lo ha hecho el presidente guatemalteco.