por Michael Tanner
Michael Tanner es Director del Proyecto del Cato Institute para la Privatización de la Seguridad Social.
A estas alturas, casi todo el mundo ha tenido la oportunidad de desacreditar el famoso comentario del presidente Obama sobre cómo al sector privado "le está yendo bien", mientras los empleados públicos sufren. Los comentarios del presidente, por supuesto, no están ni remotamente cerca de la realidad. Después de todo, a pesar de algunas recientes contrataciones, el sector privado está aún 4.500 millones de trabajos bajo el pico de empleo de 2008. Y mientras el empleo público está también más bajo que en 2008, esto no toma en cuenta un auge en la contratación pública a nivel estatal y local entre 2006 y 2008. El declive actual aún mantiene al empleo de los gobiernos de los estados y locales cerca de como estaba en 2006. Mientras tanto, se han creado 88.000 puestos de trabajo en el gobierno federal.
Pero una cuestión mucho más importante es: ¿Por qué el sector privado está tan mal? Tal vez porque la mayoría de empresarios no son tan tontos.
Si se incluyen las obligaciones no financiadas del Seguro Social y Medicare, la deuda total y real del país podría ser tan alta como $129 billones (en valor actual presente). Incluso bajo los escenarios más optimistas, nuestra deuda real excede los $92 billones. Medida como un porcentaje del PIB, la deuda total excede la deuda total de Grecia o España. En comparación, el valor contable total de todas las empresas en EE.UU. es de aproximadamente $23 billones. No es una comparación perfecta (los impuestos futuros serán pagados con la riqueza futura), pero si pone las cosas en perspectiva. Cualquier dueño de una empresa que mire hacia el futuro, y vea una deuda cuatro o cinco veces mayor al tamaño de su empresa, es probable que decida que no es un buen momento para expandir o contratar nuevos trabajadores.
Por esta razón es que la solución preferida del presidente de compensar las pérdidas del sector privado con mayor contratación pública está tan equivocada. Esos nuevos empleos del sector público deben ser pagados con más deuda e impuestos asumidos por el sector privado. Como Frédéric Bastiat escribió en 1848, el empleo público "da trabajo a ciertos trabajadores. Eso es lo que se ve. Pero priva de empleo a otro tipo de trabajadores. Eso es lo que no se ve". Bastiat concluyó que intentar aumentar el empleo por medio del gobierno era "un ruinoso engaño, una imposibilidad, una contradicción".
Por ejemplo, un estudio hecho para la Comisión Europea por economistas de la Universidad de París analizó el empleo público en 17 países entre 1960 y 2000. Se descubrió que por cada puesto de trabajo creado en el sector público, se destruían 1,5 puestos de trabajo en el sector privado. Por lo tanto, la contratación de más trabajadores públicos en realidad aumenta el nivel de desempleo.
Y, quizás de forma más directamente relevante, un estudio sobre la ley de estímulo de Obama de Timothy Conley de la Universidad de Western Ontario y Bill Dupor de la Universidad Ohio State concluyó que, mientras que el estímulo creó o salvó 450.000 públicos, destruyó o impidió la creación de más del doble de empleos en el sector privado.
Por supuesto, en general, sabemos que un aumento en el tamaño del gobierno desacelera el crecimiento económico. Como señala Robert Barro de Harvard, hay "una relación significativamente negativa entre el crecimiento del PIB real y el crecimiento del tamaño del Estado en relación al PIB". Bajo la administración del presidente Obama el gobierno federal consume el 24% del PIB, un aumento de un tercio sobre el promedio histórico post Primera Guerra Mundial de 19,8%. Sume a eso el gasto de los gobiernos de los estados y locales, y el gasto gubernamental resulta ser 36% del PIB.
El presidente Obama está en lo correcto cuando dice que mucho de este gasto comenzó bajo la administración del presidente Bush, pero las políticas de Obama han convertido el gasto de Bush (incluyendo los incrementos de gasto que no se repetirían como el Programa de Alivio de Activos en Problemas o TARP) en el nuevo punto de partida para el gasto futuro. Y el presidente hubiera gastado aún más de haber podido salirse con la suya. El propósito de la conferencia de prensa en la que dijo que al sector privado le iba bien era, después de todo, renovar su pedido de más gasto. El presidente dice "más gasto", y las empresas escuchan correctamente "más deuda" y "mayores impuestos".
Esta carga a largo plazo sobre las empresas estadounidenses va sobre la incertidumbre a corto plazo. En enero de 2013, los recortes fiscales de Bush expirarán, generando el mayor alza de impuestos en la historia de EE.UU. a menos que el congreso logre llegar a un acuerdo. De ser reelecto, el presidente Obama parece estar determinado a usar este potencial "precipicio fiscal" para impulsar mayores impuestos sobre los ricos, las empresas y los inversores. La insistencia del presidente, en particular, de aumentar los impuestos sobre las ganancias de capital desalentará la inversión y expansión de las empresas, mientras que el alza en el impuesto sobre el ingreso federal golpeará especialmente a las pequeñas empresas y a las corporaciones regidas por el sub capítulo S, que a menudo declaran sus impuestos como individuos.
Más adelante, dependiendo de una decisión de la Corte Suprema, está la implementación de Obamacare. La mayor parte de las alzas de impuestos de esa ley, $569.000 millones a lo largo de los primeros diez años, recaerán sobre los negocios. El año que viene, por ejemplo, habría nuevos impuestos sobre los servicios médicos y sobre el ingreso por inversiones, entre otros. En 2014, la ley impondrá un mandato a los empleadores que tengan 50 o más trabajadores de proveerles seguro de salud a sus empleados, a un costo promedio de $4.450, o bien pagar una multa de $2.000 por empleado. Como explica la ex economista del Departamento de Trabajo, Diana Furchtgott-Roth:
La multa de $2.000 por trabajador eleva significativamente el costo de emplear trabajadores a tiempo completo, especialmente trabajadores de baja calificación, porque la pena es una proporción mayor a su compensación a diferencia de los trabajadores altamente calificados, y los empleadores no pueden deducir la multa de los paquetes de compensación de los empleados. Suponga que una empresa con 49 empleados no proporciona beneficios de salud. Contratar un trabajador más implicará una multa de $2.000 por cada trabajador en la planilla, después de restarle la exención legal de los primeros 30 trabajadores. En este caso el impuesto sería de $40.000, o $2.000 veces 20 (50 menos 30).
Si usted fuera el dueño de esa pequeña empresa con 49 empleados, ¿qué tan rápido contrataría a ese trabajador número 50? De hecho, una encuesta de Gallup sobre pequeñas empresas encontró que cerca de la mitad (48%) mencionaron a Obamacare como una razón por la qué no están contratando. Cabe señalar que en Francia, otro país con numerosas regulaciones gubernamentales que comienzan a tener vigencia a partir de los 50 trabajadores, hay 1.500 compañías con 48 empleados y 1.600 con 49, pero solo 660 con 50 y solo 500 con 51.
Y, si Obamacare no es una carga suficiente sobre las empresas, 2013 también verá la implementación de las nuevas regulaciones Dodd-Frank sobre la banca, el crédito y las finanzas.
El presidente Obama parece estar atado a una anticuada filosofía keynesiana que trata de revivir la economía mediante la contratación y el gasto públicos para aumentar la demanda de los consumidores. A estas alturas deberíamos haber aprendido que no hay estímulo que funcione, siempre y cuando las empresas estén preocupadas por el peso aplastante de la deuda, los impuestos y las regulaciones sobre su futuro.
Esa es la verdad detrás del faux pas del presidente Obama: No es solamente que está desconectado de la realidad, es que está equivocado.
Este artículo fue publicado originalmente en National Review (Online) el 13 de junio de 2012.