por Juan Ramón Rallo
Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España) y columnista de ElCato.org. Juan Ramón obtuvo el tercer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.
Lejos de calmar a los mercados, la petición de 100.000 millones de euros por parte de España con el propósito de rescatar a sus bancos ha provocado que se disparen los tipos de interés del país y ha conducido a que las agencias de rating reduzcan su calificación crediticia esta misma semana.
No hay duda de que el sector bancario español se enfrenta a enormes problemas debido a su alta exposición al mercado inmobiliario, el cual continúa en declive tras su masivo boom. Pero el Estado español, con sus propios déficits y una tasa de desempleo oficial del 25%, no puede permitirse rescatar a los bancos, incluso con la ayuda de un préstamo blando de Bruselas. Al menos, este es el mensaje prístino que están transmitiendo los mercados.
Afortunadamente, hay una solución más acertada para los bancos españoles: en lugar de ser rescatados a costa del contribuyente (“bail-out”), el Estado español podría hacer un rescate a costa de los acreedores (“bail-in”), a saber, convertir forzosamente en acciones toda la deuda subordinada de estas entidades y parte de su deuda senior no garantizada. Esto reduciría el apalancamiento de los bancos y aumentaría su capital disponible para absorber las pérdidas futuras.
De entrada, hay que tener presente que incluso 100.000 millones de euros podrían ser insuficientes para recapitalizar por entero a la banca española. Ésta podría enfrentarse perfectamente a pérdidas que probablemente triplican esa cantidad: los préstamos a promotores suman 298.000 millones; los créditos para la construcción, 98.000 millones; las hipotecas, 656.000 millones; y otros préstamos a familias y empresas, 683.000 millones. Asumiendo una pérdida de 50% en el crédito a promotores y constructores, una del 5% en las hipotecas, y otra del 10% en los otros créditos para el sector privado nacional, rápidamente llegamos a la preocupante cifra de 300.000 millones de euros en pérdidas. Y no hay que olvidar la exposición adicional de los bancos españoles en forma de 78.000 millones en préstamos a Portugal y 10.000 millones en préstamos a Grecia e Irlanda, los cuales podrían añadir unas pérdidas de entre 40.000 millones o más a nuestro cálculo.
Los bancos españoles poseen actualmente un capital de 377.000 millones de euros, de modo que unas pérdidas como las anteriormente trazadas los dejarían con apenas 50.000-70.000 millones de patrimonio neto restante. Para restablecer unos niveles razonables de capital, se requerirían entre 150.000 y 170.000 millones de euros; una cifra muy superior a la línea de crédito de 100.000 millones que Bruselas planea ofrecer. Por lo tanto, incluso si el gobierno español decidiera pedir prestada la totalidad del monto ofrecido, los bancos nacionales todavía estarían infracapitalizados en un importe equivalente a dos o tres años de sus ganancias operativas antes de provisiones.
Sin embargo, la mayor razón para ser escépticos acerca del éxito del rescate de la UE no es la insuficiencia del préstamo, sino su tamaño desproporcionado en relación con una economía como la española que ya ha llegado a su punto de saturación de deuda. El hecho de que nuestro gobierno fuese incapaz de conseguir esos 100.000 millones de euros directamente en el mercado muestra que, en estos momentos, ningún inversor privado cree en nuestra solvencia. Añadirle a una economía cuya capacidad para pagar sus deudas ya está cuestionada unos pasivos de alrededor de 100.000 millones de euros, sólo sirve para empujar a esa economía hacia el default.
Ni el gobierno ni los contribuyentes pueden asumir más deudas. Los agentes económicos españoles, tanto públicos como privados, deben desapalancarse aumentando sus tasas de ahorro y amortizando sus desproporcionadas obligaciones financieras. Esta es la razón por la que una verdadera austeridad pública (basada en recortes de gasto, no en aumentos de impuestos) es tan importante en estos momentos.
Afortunadamente, la incapacidad de España para rescatar a sus bancos no significa que nuestro país deba atravesar una bancarrota nacional desordenada y devastadora. Lo cual nos trae de vuelta a una alternativa más saludable y mucho más barata como es la propuesta recientemente por el Instituto Juan de Mariana de España: un intercambio forzoso de deuda por acciones que afecte a los pasivos subordinados y a los senior no garantizados.
Convirtiendo en acciones el 100% de los 88.000 millones de euros en obligaciones subordinadas y el 40% de los 160.000 millones de euros en deuda no garantizada proporcionaría más de 150.000 millones de capital para la banca, lo que permitiría absorber las pérdidas del sistema financiero español y asegurar su razonable capitalización. Junto con los 25.000 millones de ganancias, antes de provisiones, esperadas en 2012, la banca podría acrecer su patrimonio neto en 175.000 millones de euros… sin aumentar la carga de la deuda para el contribuyente español y sin necesitar de préstamos de Bruselas.
En otras palabras, hay una solución a los problemas que enfrenta el sistema bancario español: no un “bail-out”, sino un “bail-in”, mediante el cual los inversores asumen en gran medida el costo de sus propios errores, sin liquidar los bancos y sin empujar a la economía española hacia la bancarrota.
Seguramente, un “bail-in” forzoso podría causar al principio algo de confusión en los mercados interbancarios. Pero desde principios de 2012, la financiación de la banca española ya depende en un alto grado de la liquidez provista por el Banco Central Europeo. Y después de algún tiempo, el crédito a corto plazo regresaría nuevamente dentro del país para financiar a unas instituciones financieras mucho más sólidas y solventes.
Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 14 de junio de 2012.