por Lorenzo Bernaldo de Quirós
Lorenzo Bernaldo de Quirós Lorenzo Bernaldo de Quirós es Presidente de Freemarket International Consulting y es académico asociado del Cato Institute. Este informe fue publicado originalmente el 14 de marzo de 2011 por Freemarket Corporate Intelligence. Aquí puede obtener el ensayo completo en formato PDF.
Una economía sobre arenas movedizas
Después de la mayor recesión económica sufrida por nuestro país desde la guerra civil, la economía española se ha instalado en una fase de estancamiento, entendido este fenómeno, como un período de bajo crecimiento incapaz de generar empleo. Esto no era ni es inexorable, ni una consecuencia de la falta de dinamismo del sector privado que ha desplegado un rápido e intenso proceso de ajuste ante la crisis —recorte de su endeudamiento y de sus costes, aumento del ahorro etc.—, sino de una serie de problemas estructurales que no se han corregido y, en consecuencia, lastran vigor a la recuperación. Estos obstáculos retrasan la reactivación de la economía de manera artificial en tanto son el efecto directo de la ausencia de una política económica orientada a afrontarlos. Las familias, las empresas, los inversores internacionales responden a incentivos y los ofrecidos por la estrategia gubernamental son escasos cuando no negativos.
La programación fiscal y presupuestaria destinada a disminuir el binomio déficit-deuda es de alcance limitado, no ofrece continuidad en el tiempo y no es sostenible. Los planes para solventar los problemas del sistema financiero han sido ineficaces; no han logrado ni sanearlo ni reestructurarlo. Para complicar la situación, las necesidades de capitalización definidas por el Banco de España (BCE) minimizan de manera extraordinaria los problemas de capital del sector, no permitirán reactivar el crédito y carecen de credibilidad. Los precios de la vivienda no han disminuido con la intensidad previsible y necesaria tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Las medidas fragmentarias para reformar el mercado de trabajo ni sirven para reducir el paro ni para facilitar la creación de empleo. La falta de iniciativas liberalizadoras en los mercados de productos y en el laboral frenan el crecimiento así como las mejoras de la competitividad y de la productividad de la economía nacional, elementos centrales para crecer de manera sostenida, generar puestos de trabajo y rebajar el endeudamiento del sector público.
El resultado de ese conjunto de factores se ha traducido en un hecho: España es el único de los grandes estados de la OCDE que no salió de la crisis en 2010 y sus expectativas de crecimiento para 2011 se sitúan por debajo de las previstas para el resto de las economías desarrolladas, incluyendo las proyectadas para otros dos estados de la periferia europea, Italia y un país que ha sido intervenido, Irlanda. Los mercados no desconfían de España, sino de la capacidad de su gobierno de adoptar las medidas necesarias para estabilizar la economía y relanzar la actividad productiva. Esta situación resulta muy inquietante en un entorno en el que el inevitable rescate de Portugal y la probable reestructuración de la deuda soberana de Irlanda y de Grecia vuelve a hacer planear sobre la Eurozona la amenaza de una reproducción de las crisis soberanas que sacudieron el continente hace unos meses aunque, si la flexibilización del Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera (FEEF) permite que éste compre bonos en el mercado primario, las presiones podrían remitir en el corto plazo. Para complicar el panorama, la anunciada subida de tipos de interés por parte del BCE y la incertidumbre sobre la evolución del precio del crudo constituyen severos shocks para un país aún convaleciente de la recesión, con una elevada sensibilidad al precio del dinero, con una alta dependencia del crudo y sin perspectivas de un retorno a la senda de un crecimiento estable y sostenido.
Por último, la alta probabilidad de que los cambios de gobierno en las administraciones locales y autonómicas a partir de las próximas elecciones de mayo produzcan la afloración de deuda oculta en muchas o algunas de ellas, como ha sucedido en Cataluña, pondrá en entredicho la credibilidad de las cuentas públicas españolas y, de manifiesto, la insuficiencia de los modestos esfuerzos de consolidación presupuestaria llevada a cabo por el gobierno central. Ante esa tesitura, el actual cierre de los mercados mayoristas a las autonomías se fortalecerá y el gobierno se vería obligado a suministrarles recursos para evitar su bancarrota. Esto llevaría a España a un panorama parecido al griego en el sentido de que los inversores internacionales cuestionarán la totalidad de las cuentas públicas, lo que desencadenará un movimiento desestabilizador sobre la ya precaria posición económico-financiera de la economía española.
En suma, ceteris paribus, la coyuntura económica nacional oscila en estos momentos entre la consolidación de un ciclo de bajo crecimiento incapaz de generar empleo y la hipótesis de una recaída en la recesión si se consolidan al alza algunos de los shocks externos enunciados. Así pues no existen razones de peso para pensar que la crisis ha terminado y que se inicia un nuevo período alcista. En este contexto, la sostenibilidad de la deuda pública y la solvencia de una parte sustancial del sistema financiero son cuestionables y serán cuestionadas lo que constituye una seria fuente de preocupación. En la práctica, este es el efecto de la acción de un gobierno que ha ido siempre por detrás de lo que la realidad económica y los mercados exigían. Llegó tarde a la crisis económica. Ha llegado tarde a la financiera y nunca llegó a aplicar las reformas estructurales, lo que prolonga la fase baja del ciclo.
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