por Michael Tanner
Michael Tanner es Director del Proyecto del Cato Institute para la Privatización de la Seguridad Social, y coautor de A New Deal for Social Security (Cato Institute, 1998). Este estudio se publicó originalmente como "Saving" Social Security is not Enough", Social Security Privatization Paper No. 20 del 25 de mayo del 2000. También puede leer este documento en formato PDF aquí.
Resumen
Centrarse en «salvar» la Seguridad Social sólo conduce a desviarse de la cuestión fundamental. Limitarse a buscar los fondos necesarios para preservar la Seguridad Social impide abordar los serios defectos del sistema existente. La pregunta no debería ser si es posible salvar la Seguridad Social, sino si podemos encontrar el mejor sistema posible de jubilación para los trabajadores americanos. La Seguridad Social ha fracasado como programa contra la pobreza y como programa de jubilación; contiene numerosas desigualdades y deja las pensiones futuras a merced de los políticos. ¿Por qué debería ser prioridad de la política estatal salvar semejante programa?
En lugar de salvar la Seguridad Social, deberíamos cambiar a un sistema de jubilaciones nuevo y mejor, basado en inversiones privadas de propiedad individual. El nuevo sistema permitiría a los trabajadores acumular riqueza real que impediría que se jubilaran en la pobreza. Dado que un sistema privatizado ofrecería una rentabilidad mucho mayor, las pensiones de jubilación a las que daría lugar serían también mucho mayores. Dado que los trabajadores serían los propietarios de sus propias cuentas, las generaciones futuras heredarían el dinero de las mismas -algo que beneficiaría especialmente a los pobres y a las minorías-. Por último, las pensiones de los trabajadores dejarían de depender de los políticos.
Introducción
"Tenemos que
salvar la Seguridad Social.
-Presidente
Bill Clinton
[1]
"Estoy luchando
por salvar la Seguridad Social del modo más adecuado.
-Vicepresidente Al
Gore
[2]
"Mi agenda económica
contempla apartar 2 billones de dólares del superávit presupuestario
unificado de 4 billones para salvar la Seguridad Social.
-Gobernador George W. Bush
[3]
"Deberíamos trabajar
en un plan real que salve la Seguridad Social.
-Rep. Bill Archer (Rep-
Texas)
[4]
En los pasillos de Washington sólo se escuchan este tipo de llamamientos a favor de «salvar» la Seguridad Social. Y ciertamente, resulta fácil comprender por qué el programa necesita ser «salvado». La Seguridad Social cabalga a paso ligero hacia la insolvencia financiera: en el año 2015, el programa entrará en déficit, pues deberá pagar más pensiones de lo que ingresa vía contribuciones. Para financiarse, el déficit resultante necesitará, como mínimo, incrementar las contribuciones sobre las nóminas en un 50%, reducir las pensiones en un tercio, o combinar los recortes de prestaciones con los aumentos de las contribuciones. En conjunto, la Seguridad Social se enfrenta a un déficit de financiación a largo plazo de más de 20 billones de dólares [5] .
Como resultado, se han diseñado numerosos programas para apuntalar las delicadas finanzas del programa. Por lo general, esas propuestas se decantan por una de estas dos salidas: Apartar los superávit actuales de la Seguridad Social y depositarlos en una suerte de «caja con candado», o inyectar en el sistema una financiación de ingresos general.
Ambos enfoques adolecen de serios defectos. Las propuestas que se decantan por la «caja» en realidad no hacen nada por cambiar la financiación de la Seguridad Social.
Actualmente, el superávit de las contribuciones de la Seguridad Social se destina a comprar bonos del Gobierno en poder del fondo fiduciario de la Seguridad Social. Con el tiempo, esos bonos deberán pagarse, y el Gobierno deberá aumentar los ingresos. Por ello, los bonos no representan más que un derecho frente a futuros ingresos de impuestos, en esencia una especie de IOU [6] . Los ingresos de las compras de esos bonos se abonan en el presupuesto federal unificado y se utilizan para pagar los gastos generales de explotación del Gobierno federal. Con este tipo de propuestas, los ingresos de la compra de los bonos sólo se utilizarían para pagar la deuda nacional. Pagar al contado la deuda nacional puede o no ser una buena cosa, y puede facilitar al Gobierno futuros préstamos, pero no hace nada por cambiar la fecha en la que la Seguridad Social comenzará a entrar en déficit. «Al fondo fiduciario van a parar los mismos IOUs, independientemente de que el superávit se destine a financiar otros programas o a pagar la deuda» [7] .
Algunas propuestas van más allá del simple hecho de apartar los superávit de la Seguridad Social, y sugieren inyectar parte o la totalidad de los superávit presupuestarios por ingresos generales en el sistema de la Seguridad Social. Al margen del hecho de que las obligaciones de la Seguridad Social sobrepasan con mucho la cantidad de superávit disponible, resulta imposible prefinanciar la Seguridad Social con la estructura actual del programa. Cualquier fondo adicional colocado hoy en el sistema se destinaría simplemente a comprar más bonos del Estado, que en el futuro deberían pagarse con aquellas reservas de impuestos que por entonces quedasen disponibles.
Sin embargo, dejando a un lado el hecho de que ninguna de las propuestas actuales para salvar la Seguridad Social realmente lo consigue, la idea de «salvar» la Seguridad Social es, en sí misma, equivocada. Limitarse a buscar los fondos necesarios para preservar la Seguridad Social impide abordar los serios defectos del sistema existente. La pregunta no debería ser si es posible salvar la Seguridad Social, sino si podemos encontrar el mejor sistema posible de jubilación para los trabajadores americanos. Un sistema así debería mantener a las generaciones mayores alejadas de la pobreza, y mejorar las expectativas de las generaciones futuras. Debería ofrecer una pensión de jubilación adecuada y el mejor rendimiento posible para el dinero de cada individuo. Debería ser justo, tratando de forma similar a personas en situaciones iguales. Ciertamente, no debería penalizar a los menos favorecidos de la sociedad, como los pobres y las minorías. Y debería permitir que la gente fuera propietaria de sus propias prestaciones, liberando las pensiones de la dependencia de los políticos y de la política.
En todo ello, la Seguridad Social ha resultado ser un fracaso absoluto: ha fracasado como programa contra la pobreza y como programa de jubilación. Contiene numerosas desigualdades y deja las pensiones futuras a merced de los políticos. ¿Por qué debería ser prioridad de la política estatal salvar semejante programa?
En lugar de salvar la Seguridad Social, deberíamos cambiar a un sistema de jubilaciones nuevo y mejor, basado en inversiones privadas de propiedad individual. Un sistema privatizado permitiría a los trabajadores acumular riqueza real que impediría que se jubilaran en la pobreza. Dado que un sistema privatizado ofrecería una rentabilidad mucho mayor, las pensiones de jubilación a las que daría lugar serían también mucho mayores. Dado que los trabajadores serían los propietarios de sus propias cuentas, las generaciones futuras heredarían el dinero de las mismas -algo que beneficiaría especialmente a los pobres y a las minorías -. Por último, las pensiones de los trabajadores dejarían de depender de los políticos.
La Seguridad Social como programa contra la Pobreza>
La Seguridad Social cuenta con elementos tanto de un programa de seguro como de bienestar. Es, en efecto, tanto un programa de jubilación como un programa para prevenir la pobreza. [8] Aunque a menudo la gente piensa en el componente del programa referido a las pensiones, los defensores del sistema se centran en los elementos para combatir la pobreza del mismo. Por ejemplo, el Rep. Bill Archer (R-Tex.), presidente del House Ways y del Means Comittee y autor de una propuesta para salvar la Seguridad Social, llama al programa «el mayor programa del país para combatir la pobreza» [9] . Pero, ¿realmente es así?
No cabe duda de que los índices de pobreza entre los más mayores han decrecido enormemente en el último medio siglo. Sólo en 1959, el índice de pobreza de los ancianos ascendía al 35,2 por ciento, más del doble del índice de pobreza del 17 por ciento de la población adulta. [10] Hoy en día, ese índice se sitúa aproximadamente en el 11,9 por ciento. [11]
Evidentemente, la Seguridad Social ha tenido mucho que ver en esa tendencia. Un estudio realizado en 1999 por el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) puso de manifiesto que, en ausencia de las prestaciones de la Seguridad Social, los ingresos de cerca del 47,6 por ciento de los ancianos se situarían por debajo del umbral de pobreza. [12] Ese dato sugiere que las pensiones de la Seguridad Social han sacado de la pobreza a más del 35 por ciento de los mayores, aproximadamente a 11,4 millones de personas. El CBPP también destaca que el porcentaje de personas mayores que en ausencia total de la Seguridad Social serían pobres ha permanecido relativamente constante a lo largo de las últimas décadas, mientras que el porcentaje de ancianos pobres tras recibir las pensiones de la Seguridad Social ha ido disminuyendo progresivamente, indicando así la mayor importancia de la Seguridad Social como solución a la pobreza. [13]
El problema principal de esta línea de análisis es que asume que ninguna pérdida en las pensiones de la Seguridad Social se vería compensada con ingresos de otras fuentes. En otras palabras, simplemente toma la renta de un jubilado y le resta la pensión de la Seguridad Social para descubrir -¡qué sorpresa!- que la renta total es ahora inferior y que, obviamente, es a menudo lo bastante baja como para empujar a un jubilado a la pobreza.
Las pensiones de la Seguridad Social son un componente esencial de la renta de la mayoría de los jubilados. Para una cuarta parte de las personas mayores, dichas pensiones constituyen más de un 90 por ciento de su jubilación; cerca de la mitad de los jubilados percibe de la Seguridad Social al menos la mitad de su renta [14] . La cuestión, por lo tanto, no es si la repentina desaparición de la Seguridad Social deterioraría la situación de los jubilados -pues está claro que sí-, sino si en ausencia de Seguridad Social (o de un alternativo programa de ahorro obligatorio) los jubilados habrían cambiado su comportamiento buscando otras fuentes de ingresos para su jubilación.
Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuántos jubilados seguirían trabajando si no hubiera una Seguridad Social. En caso de que continuaran trabajando, contarían con una fuente de ingresos que el estudio de la CBPP no ha considerado. Evidentemente, no todas las personas mayores están en condición de seguir trabajando, sin embargo, son muchos los que podrían hacerlo y lo harían. De hecho, recientemente el Congreso revocó el examen de ingresos de la Seguridad Social porque existen muchas personas mayores que quieren seguir trabajando.
Una cuestión más importante es si los trabajadores, sin una Seguridad Social de la que depender, habrían cambiado su comportamiento y habrían ahorrado más para su jubilación. Hay pruebas evidentes de que la Seguridad Social no fomenta el ahorro privado. Por ejemplo, Martin Feldstein, de la Harvard University y Anthony Pellechio, del National Bureau for Economic Research han descubierto que los hogares reducen sus ahorros privados en cerca de un dólar por cada dólar del valor actual de la pensión futura estimada de la Seguridad Social [15] . Otros estudios sitúan la cuantía de sustitución en un nivel algo más bajo, pero continúan mostrando una desviación sustancial. Incluso dos investigadores de la Administración de la Seguridad Social, Dean Leimer y David Richardson, reconocen que «un dólar de riqueza de la Seguridad Social suple cerca de tres quintos de un dólar de activos fungibles». [16] Por consiguiente, dado que muchas personas mayores hubieran sustituido los ingresos de la Seguridad Social por ingresos procedentes de otras fuentes, es posible que se esté exagerando el impacto de la Seguridad Social a la hora de reducir la pobreza de los mayores.
No obstante, incluso adoptando los argumentos de los defensores de la Seguridad Social en sus propios términos, los hechos sugieren que la Seguridad Social no funciona como instrumento contra la pobreza. Después de todo, y a pesar de recibir las pensiones de la Seguridad Social, cerca de una de cada ocho personas mayores viven en la pobreza. De hecho, el índice de pobreza de las personas mayores continúa siendo levemente superior al de la población adulta en su conjunto. [17]
Para algunos subgrupos, el problema es aún mucho mayor. Por ejemplo, aunque el índice de pobreza para las mujeres casadas es relativamente bajo (6,4 por ciento), ese índice es mucho mayor para las mujeres mayores que nunca se han casado (21,1 por ciento), para las viudas (21,5 por ciento) y para las mujeres separadas o divorciadas (29,1 por ciento). [18] Los niveles de pobreza de las personas mayores afroamericanas también son desproporcionados: cerca del 30 por ciento de los afroamericanos mayores de 65 años perciben rentas inferiores al nivel de pobreza. [19]
No sorprende el fracaso de la Seguridad Social como programa contra la pobreza, pues realmente las pensiones de la Seguridad Social son bastante bajas. Un trabajador que durante toda su vida profesional gane el salario mínimo, recibiría de la Seguridad Social sólo 6.301 dólares por año, muy por debajo del nivel de pobreza de 7.990 dólares. Tal como se ha mencionado anteriormente, las personas mayores pobres perciben cerca del 80 por ciento de su jubilación de la Seguridad Social. Muchos no tienen más ingresos que esos. La Seguridad Social resulta insuficiente para sacar a esas personas de la pobreza.
Esto se puede contrastar con lo que esa gente habría recibido si hubiese podido invertir sus contribuciones salariales en activos de capital real. Por ejemplo, si el trabajador con el salario mínimo que hemos descrito anteriormente hubiese podido invertir sus contribuciones, ahora estaría percibiendo unos ingresos por jubilación de 20.728 dólares al año, casi tres veces el nivel de pobreza. [20] Resulta evidente que al obligar a los trabajadores a invertir en un sistema de reparto en lugar de en activos de capital real, la Seguridad Social contribuye a la pobreza entre las personas mayores.
Y no sólo contribuye a la pobreza de las personas mayores, también ayuda a perpetuar la pobreza de las generaciones futuras. Las pensiones de la Seguridad Social no se heredan. Un trabajador puede estar pagando durante 30 ó 40 años a la Seguridad Social, pero si ese trabajador muere sin hijos menores de 18 años, o si no tiene una esposa mayor de 65 años, en ningún caso pasará ese dinero pagado al sistema a manos de sus herederos. [21] Tal como ha señalado Jagadeesh Gokhale, economista del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, y muchos otros, la Seguridad Social obliga a los trabajadores de ingresos bajos a anualizar su riqueza, impidiéndoles legar dicha riqueza a sus herederos. [22] Peor aún, como esta anualización obligatoria afecta a una mayor proporción de la riqueza de los trabajadores de ingresos bajos que a los de ingresos altos, convierte la herencia en una «fuerza desigualatoria» que da lugar a una mayor desigualdad entre los americanos más débiles. Los herederos de los ricos pueden heredar sus riquezas, pero los de los pobres no. Gokhale y el economista de la Universidad de Boston, Laurence Kotlikoff, estiman que la Seguridad Social dobla la cuota de riqueza en manos del 1 por ciento de los americanos más ricos. [23]
Feldstein llega a una conclusión similar. Sugiere que los trabajadores de renta baja sustituyen la «riqueza de la Seguridad Social» en forma de prestaciones futuras prometidas por otras formas de ahorro. Como resultado de ello, una proporción cada vez mayor de la riqueza de los trabajadores de renta alta está en activos fungibles. Dado que la riqueza fungi- ble es hereditaria, mientras que la de la Seguridad Social no lo es, una pequeña parte de la población tiene en su poder una concentración estable de riqueza fungible. [24] El trabajo de Feldstein sugiere que la concentración de riqueza en los Estados Unidos podría reducirse hasta la mitad si los trabajadores de renta baja pudieran sustituir la riqueza real por la riqueza de la Seguridad Social. Las cuentas individuales les permitirían hacerlo.
Así que, lejos de ser el «mayor programa contra la pobreza del país», la Seguridad Social no sólo rinde escaso favor a las personas mayores para salir de la pobreza, sino que, de hecho, puede perpetuar su pobreza aumentando las desigualdades del país.
La
Seguridad Social como un Programa de Jubilación
La Seguridad Social es un programa inadecuado contra la pobreza pero, ¿cumple al menos su segundo objetivo como programa de jubilación? Cuando Franklin Roosevelt propuso la creación de la Seguridad Social, ideó un programa que procuraría unas pensiones de jubilación «al menos tan buenas como las de cualquier compañía de seguros privada ». [25] Aunque ello haya sido cierto durante una época, ciertamente este ya no es el caso.
La rentabilidad de la Seguridad Social ha ido decreciendo regularmente desde la adopción del programa, y en la actualidad es muy inferior al índice de rentabilidad de las inversiones privadas de capital. Según la administración de la Seguridad Social, la rentabilidad que percibirán los trabajadores nacidos después de 1973 se situará entre el 3,7 por ciento para las parejas de renta baja y un solo ingreso, y el 0,4 por ciento correspondiente a un trabajador soltero de sexo masculino con un sueldo alto. [26] La tasa de rentabilidad general para todos los trabajadores nacidos en un determinado año se estimó en algo menos del 3 por ciento para todos aquellos nacidos en 1940, del 2 por ciento para los nacidos en 1960, y por debajo de 1 por ciento para aquellos que nazcan en este siglo. [27] Varios estudios de carácter privado estiman que la rentabilidad futura de los trabajadores con salarios medios se situará entre el 2 por ciento y el menos 3 por ciento. [28]
Para empeorar aún más las cosas, estos estudios suponen generalmente que la Seguridad Social estará en situación de pagar todas las pensiones prometidas sin incrementar las contribuciones. No obstante, el sistema de la Seguridad Social se enfrenta a un déficit financiero a largo plazo de más de 20 billones de dólares. Según el propio Comité de fiduciarios de la Seguridad Social, será necesario aumentar las cargas en al menos un 50 por ciento, o reducir las pensiones en un 25 por ciento. Como resultado de ello, la rentabilidad será todavía más baja a los índices mencionados anteriormente. En muchos casos, esa rentabilidad será negativa. [29]
En comparación, la rentabilidad media del mercado de valores desde 1926 se ha situado en un 7,7 por ciento. [30] Dicha rentabilidad se ha mantenido a pesar de la depresión, de las sucesivas recesiones, de la Segunda Guerra Mundial, de otras dos guerras menores y de las turbulentas recesiones de los años 70. Evidentemente, los mercados han experimentado subidas y bajadas, pero desde 1926 no ha habido ningún periodo de 20 años durante el cual el mercado arrojase pérdidas netas. De hecho, nunca ha existido un periodo de 20 años en el que el comportamiento de mercado fuera peor que el de los rendimientos futuros estimados para la Seguridad Social. [31]
Incluso el rendimiento de las obligaciones de las empresas ha sido mejor que el de la Seguridad Social. Exceptuando el periodo entre 1941- 1951, cuando el control del dinero por parte del Gobierno redujo artificialmente la rentabilidad, las obligaciones de las empresas han estado ofreciendo una rentabilidad media anual superior al 4 por ciento. [32] Por ello, porque priva al trabajador americano de la posibilidad de invertir en los mercados de capital, el sistema actual de la Seguridad Social les está costando a los jubilados americanos cientos de miles de dólares. Una pareja con un solo ingreso, en la que el miembro que trabaja tenga 30 años en el año 2000 y gane 24.000 dólares al año, pagará a lo largo de su vida 134.000 dólares en contribuciones a la Seguridad Social, y recibirá 292.230 dólares en concepto de prestaciones de la Seguridad Social, suponiendo que tanto el mar [33] No obstante, si esa misma pareja hubiera tenido la posibilidad de invertir en mercados privados, habría recibido 875.280 dólares [34] , es decir, que el sistema existente de Seguridad Social les está privando de más de medio millón de dólares.
Una segunda forma de considerar la adecuación de la Seguridad Social como programa de jubilación consiste en observar el porcentaje de amortización, es decir, esa proporción de ingresos de prejubilación amortizados con las pensiones de la Seguridad Social. La mayoría de los asesores financieros afirma que para mantener su nivel de vida una persona necesitará una pensión de jubilación equivalente a entre el 60 y el 85 por ciento de los salarios anteriores a su jubilación. [35]
No obstante, la Seguridad Social sólo proporciona el 42,4 por ciento de la renta anterior a la jubilación de los trabajadores de renta media. Dado que la Seguridad Social cuenta con una fórmula de pensiones progresiva, los trabajadores de menor renta obtienen una amortización mejor del 57,1 por ciento, que no obstante, sigue estando por debajo de lo necesario, sobre todo si se considera que los trabajadores de renta baja no cuentan con otros ingresos en su jubilación. Incluso con la normativa actual, se prevé que los porcentajes de amortización disminuyan significativamente. En el año 2030, la Seguridad Social sólo podrá amortizar el 36,7 por ciento de los ingresos de un trabajador de salario medio. Sin embargo, visto que la Seguridad Social no puede pagar todas las pensiones futuras prometidas, el Servicio de Investigación del Congreso estima que el porcentaje de amortización del trabajador medio caerá hasta el 26 por ciento, una caída del 40 por ciento de los ya inadecuados niveles actuales. [36] Resulta evidente que la Seguridad Social, tanto ahora como en el futuro, dejará a muchos jubilados sin los ingresos suficientes para mantener su nivel de vida.
Una vez más, comparemos esto con los niveles de amortización que ofrece el sistema de inversión privada. Suponiendo que el trabajador descrito anteriormente pudiera invertir la parte no correspondiente a la incapacidad de sus contribuciones a la Seguridad Social (el 10,6 por ciento de su salario), su porcentaje de amortización se situaría en un increíble 260 por ciento de sus ingresos anteriores a la jubilación. Si sólo invirtiera el 4 por ciento de su salario, seguiría obteniendo un porcentaje de amortización equivalente al 100 por cien de sus ingresos anteriores a la jubilación.
La
Seguridad Social es injusta
Por si no fuera suficiente que la Seguridad Social fracasara en su labor como sistema contra la pobreza y programa de jubilación, dicho sistema contiene además graves desigualdades que lo convierten en un programa esencialmente injusto.
La injusticia más evidente del programa es intergeneracional. Los jubilados que actualmente perciben sus pensiones pagaron a lo largo de su vida laboral una contribución relativamente baja y reciben una rentabilidad relativamente alta. Esa alta rentabilidad está subsidiada por las mayores cotizaciones de los trabajadores jóvenes de hoy, quienes a su vez recibirán en el futuro pensiones mucho más bajas. Tal como destaca Daniel Saphiro, profesor de filosofía de la Universidad de West Virginia, uno de los preceptos básicos de la justicia social es la minimización de las desigualdades no elegidas. [37] No obstante, las generaciones futuras están obligadas a soportar la carga de la deuda no consolidada de la Seguridad Social simplemente por haber nacido en un momento determinado, no a raíz de un error o porque así lo hayan decidido.
Las desigualdades intrageneracionales del programa son menos visibles pero igualmente injustas. Como ya hemos apuntado, las pensiones de la Seguridad Social no se pueden heredar. En consecuencia, las pensiones de la Seguridad Social dependen, en parte, de la longevidad y, por ello, personas con historiales de ingresos idénticos percibirán niveles distintos de ingresos dependiendo de cuánto vivan. Las personas que vivan hasta los 100 años recibirán mucho más que aquellas que mueran a los 66; por consiguiente, esos grupos de nuestra sociedad con menor esperanza de vida, tales como los pobres y los afroamericanos, se ven en una situación de seria desventaja.
Cierto que la Seguridad Social cuenta con una fórmula progresiva según la cual los individuos de renta menor perciben una pensión proporcionalmente mayor por cada dólar pagado al sistema que los individuos de rentas más altas. [38] La cuestión, entonces, es hasta qué punto las menores esperanzas de vida desvían esta progresividad.
Los resultados de los estudios que toman la renta como único criterio son variados. Algunos estudios, como el de Eugene Steuerle y Jan Bakja del Urban Institute y Dean Leimer, de la administración de la Seguridad Social, concluyen que la menor esperanza de vida disminuye pero no anula completamente la progresividad de la Seguridad Social. [39] Sin embargo, hay una tendencia cada vez mayor -en la que se incluyen los estudios de Daniel Garrett de la Universidad de Standford, de la RAND Corporations u otros- que demuestra que la fórmula de progresividad queda completamente anulada dando lugar a una redistribución de la riqueza de los más pobres a los que ya son ricos. [40]
La cuestión de la injusticia de la Seguridad Social hacia las minorías étnicas resulta más evidente, especialmente en el caso de los afroamericanos. Los afroamericanos de todos los niveles de renta tienen menor esperanza de vida que los blancos. Como resultado de ello, un hombre o una mujer negro/a que ganen exactamente lo mismo a lo largo de su vida laboral y paguen exactamente lo mismo a la Seguridad Social que un hombre o una mujer blancos, en total, probablemente percibirá menos beneficios de la Seguridad Social. Supongamos, por ejemplo, que un hombre negro de 30 años y un hombre blanco de 30 años ganan 30.000 dólares al año a lo largo de sus vidas laborales; en el momento en el que se jubilen, cada uno de ellos habrá aportado a la Seguridad Social 136.740 dólares [41] , y tendrá derecho a una pensión mensual de la Seguridad Social de 1.162 dólares. Sin embargo, el hombre blanco puede esperar vivir hasta los 81 años. [42] Si lo hace, en total percibirá 189.389 dólares de la Seguridad Social; el hombre negro, por su parte, puede esperar vivir sólo hasta los 79 años [43] , con lo cual puede esperar recibir un total de 161.750 dólares, 27.000 dólares menos que el trabajador blanco. Esto puede restar importancia a la injusticia del sistema actual, pues se basa en la esperanza de vida a los 65 años; sin embargo, si hoy tanto uno como otro tienen 30 años, la esperanza de vida del hombre blanco es de 78 años y la del hombre negro es sólo de 69. [44] Si dichas proyecciones son correctas, el hombre negro puede esperar percibir cerca de 100.000 dólares menos que el hombre blanco y además percibirá menos de la mitad de lo que ha pagado al programa.
Parece increíble que este efecto tan disparatado que ningún programa gubernamental toleraría se acepte con tanta facilidad dentro del sistema actual de la Seguridad Social. [45]
El programa actual también es injusto para las mujeres que trabajan fuera de casa. Con el sistema actual, una mujer tiene derecho automáticamente al 50 por ciento de la pensión de su marido, independientemente de que la mujer haya trabajado o no fuera de casa, o haya cotizado a la Seguridad Social. [46] No obstante, si una mujer está en situación de exigir su pensión, tanto en calidad de esposa como por derecho propio, sólo podrá percibir la pensión mayor de las dos. Dado que muchas mujeres trabajan solo a tiempo parcial, que dejan temporalmente sus trabajos para ocuparse de los hijos, o que ganan menos que sus maridos, generalmente ese 50 por ciento de la pensión de su marido es a menudo mayor que la pensión a la que tendría derecho una mujer como resultado de su propio trabajo. Por lo tanto, sólo percibirá la pensión basada en los ingresos de su marido, no recibirá ninguna cantidad adicional aunque haya estado trabajando y haya pagado miles de dólares en concepto de cotización a la Seguridad Social. De hecho, recibirá exactamente lo mismo que habría recibido si nunca hubiera trabajado fuera de casa o si nunca hubiera pagado un duro a la Seguridad Social. Sus contribuciones le han rentado absolutamente nada. [47]
Todo al que le preocupe la justicia y la igualdad de los programas gubernamentales debe admitir que nuestro sistema actual de Seguridad Social fracasa estrepitosamente en el logro de estos objetivos.
La
Seguridad Social y la Dignidad de las personas mayores
Por último, debemos señalar que el sistema actual de la Seguridad Social hace a las personas mayores dependientes del Gobierno y del proceso político en lo que a sus pensiones de jubilación se refiere. En resumen, reduce a los americanos de mayor edad a suplicar, despojándoles de su dignidad y del control de sus propias vidas.
Los americanos, evidentemente, no recuperan el dinero que de forma individual pagaron a la Seguridad Social. Con nuestro sistema de reparto, el dinero que los trabajadores pagan a la Seguridad Social no se ahorra ni se invierte en su propia jubilación, sino que se destina a pagar las pensiones de los jubilados existentes. El Gobierno federal destina cualquier excedente a pagar sus gastos generales o a reducir la deuda nacional.
A cambio, los trabajadores reciben la promesa de que el Gobierno seguirá recaudando las contribuciones de los trabajadores futuros para pagar las pensiones de los trabajadores actuales cuando se jubilen. Sin embargo, esa promesa no es de las que forzosamente deben cumplirse por ley. Hace tiempo que ha quedado claro que no existe el derecho legal a la Seguridad Social. En dos casos relevantes, Helvering v. Davis y Flemming v. Nestor, el tribunal Supremo de EE.UU. ha manifestado que las contribuciones a la Seguridad Social son simples impuestos que no conllevan derechos de propiedad o contractuales sobre las pensiones de la Seguridad Social. [48]
Como resultado de ello, la seguridad en el momento de la jubilación de un trabajador depende de las decisiones políticas que tomen el presidente y el Congreso. En cualquier momento, se pueden reducir o incluso eliminar las pensiones, y estas no están directamente relacionadas con las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social.
Por consiguiente, a efectos de sus pensiones de jubilación, los jubilados quedan a la entera voluntad de los políticos. Por mucho que una persona trabaje duro, respete las normas del juego y pague miles de dólares en contribuciones a la Seguridad Social, en el momento de su jubilación su pensión dependerá enteramente de las decisiones de su presidente y del Congreso. A pesar de sus buenas intenciones, las personas mayores quedan bajo la tutela del Gobierno.
Conclusión
Si la Seguridad Social no existiese, ¿habría que inventarla? El sistema actual de la Seguridad Social es un completo fracaso visto desde casi cualquier punto de vista: no consigue sacar de la pobreza a muchos jubilados ni mejorar las expectativas de las generaciones futuras; de hecho, puede llegar a redistribuir la pobreza a favor de los más ricos; obliga a los pobres a anualizar su rentas, impidiendo así la acumulación de riqueza real que a su vez impide que los pobres puedan pasar sus riquezas a las generaciones posteriores; y fracasa también como programa de jubilación. La Seguridad Social no ofrece una renta de jubilación adecuada ni procura el mejor rendimiento posible sobre el dinero de un individuo. Y tampoco es un programa justo. Contiene numerosas desigualdades que discriminan injustamente a las minorías, a los pobres y a las mujeres trabajadoras. Y finalmente, puesto que carecen de un título de propiedad legal de sus pensiones, los jubilados quedan a merced de los políticos y de la política.
Evidentemente, esto no puede ser lo que uno busca en un sistema de Seguridad Social, menos cuando hay otras alternativas disponibles. Debería permitirse que los trabajadores cogieran el dinero que están pagando a la Seguridad Social y lo invirtieran en cuentas inversión de propiedad personal parecidas a los planes de jubilación individuales o a las cuentas 401(k). Los fondos que se acumularan en dichas cuentas se invertirían en activos reales como acciones y bonos con restricciones que evitarían las inversiones especulativas o arriesgadas. Los fondos serían propiedad personal del titular de la cuenta, y en el momento de su jubilación, los trabajadores podrían convertir parte de sus fondos acumulados en una anualidad, o retirar del principal una serie de cantidades programadas. En caso de que eligieran esta última opción, los fondos que quedaran a la muerte del titular podrían sumarse a su herencia.
Un programa de jubilación basado en cuentas de inversión privada y de propiedad individual procuraría mayores pensiones de jubilación y mejores índices de rentabilidad que la Seguridad Social. Sacaría de la pobreza a un mayor número de jubilados y, dado que los fondos se podrían heredar, sería posible pasar la riqueza acumulada a las genera- ciones futuras. No penalizaría a los grupos con menor esperanza de vida, y eliminaría esa multa impuesta a las mujeres trabajadoras. Por último, al ser propietarios de sus propias pensiones, los trabajadores se verían liberados de esa situación de dependencia y riesgo político. [49]
En lo que respecta a la Seguridad Social, los políticos deberían considerar si es más importante salvar el sistema u ofrecer una jubilación mejor a los americanos.
Notas
[1] «Comentarios del Presidente en la recepción al DCCC», Casa Blanca. Oficina de la secretaría de Prensa, M2 Presswire, 4 de abril de 2000.