28 de octubre de 2010

Perú: 20 años del sistema privado de pensiones

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por Pedro Cateriano

Pedro Cateriano es ex-diputado del Movimiento Libertad de Perú.

Cuando Alan García acabó su primera administración quebró al Estado. Una de las instituciones que colapsó, debido al populismo gobiernista y a la hiperinflación, fue el Instituto Peruano de Seguro Social, entidad encargada del pago de pensiones a los jublilados. Este organismo fue inflado —sin criterio técnico por supuesto— con miles de partidarios y amigos de García; también fue utilizado como “caja chica” del gobierno. Estos hechos y otros más terminaron ahogándolo económicamente.

Hasta ese entonces el Seguro Social vivía de los aportes de los trabajadores que iban a un fondo común, que a su vez servía para pagar las pensiones a los jubilados. Los expertos lo denominan sistema de reparto.

Durante la campaña presidencial de 1990, teniendo en cuenta la crisis pensionaria, Mario Vargas Llosa propulsó una reforma del sistema previsional, proponiendo la creación de un sistema privado de pensiones similar al que había creado, con gran éxito, José Piñera en Chile. Inclusive, el mismo Piñera visitó el Perú en plena contienda electoral, para exponer, con generosidad y brillo intelectual, su novedosa experiencia.

Culminadas las elecciones que ungieron a Alberto Fujimori como Presidente de la República, el Movimiento Libertad que lideró Vargas Llosa, a través del diputado Mario Roggero, trabajó con gran ahínco en lograr la implantación del sistema privado de pensiones. Este tenía como objetivo crear una libreta personal en favor de cada afiliado, a fin de registrar sus aportes, cuyos fondos iban a ser manejados —técnicamente— por una Administradora Privada de Fondo de Pensiones (AFP) que el trabajador elegiría libremente, y cuya labor iba a ser supervisada además por el organismo estatal competente. Se trataba de un cambio radical que dejaba de lado el supuesto sistema solidario que el Estado había mantenido durante décadas. Para lograr este objetivo el Parlamento —que luego disolvió Fujimori— delegó facultades legislativas al gobierno y, finalmente, este aprobó el sistema privado de pensiones, bajo el liderazgo del ministro de Economía y Finanzas Carlos Boloña, quien lamentablemente luego apoyó el rompimiento del orden constitucional. José Piñera también participó en el debate, persuadiendo personalmente al mismo Fujimori acerca de las bondades de la reforma.

Veinte años después del establecimiento del sistema, el Perú cuenta hoy con cerca de $28.000 millones manejados por las administradoras privadas de fondos de pensiones y tiene 4.600.000 afiliados aproximadamente. Es un gran avance sin duda. Pero estamos lejos de los $124.700 millones que tienen los aportantes chilenos.

Ciertamente la actual situación previsional de los trabajadores peruanos es mejor que la del pasado estatista. Pero se requieren efectuar cambios, para que el sistema sea más transparente y democrático. Por ejemplo, deberían incorporarse a los directorios o consejos de administración a representantes de los aportantes, mediante elecciones libres y secretas. También designarse una mayor cuota de directores independientes, de probada eficiencia profesional, ajenos al gobierno y a los propietarios de las administradoras de los fondos privados de pensiones. Estas modificaciones lo acercarían a un auténtico capitalismo popular y servirían para defender el modelo frente a tentaciones totalitarias, como recientemente ocurrió en la Argentina, cuando el gobierno de la señora Kirchner confiscó los fondos de los jubilados, casi sin la protesta de los afectados. ¿Qué estamos esperando?

Este artículo fue publicado originalmente en El Imparcial (España) el 26 de octubre de 2010.