29 de octubre de 2004

Inmigrantes: Legalizarlos es el Camino

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por Daniel T. Griswold

Daniel T. Griswold es Director del Centro de Estudios de Política Comercial del Cato Institute.

Nuestras leyes de inmigración necesitan desesperadamente ser reformadas. Nadie entiende mejor eso que los habitantes en Arizona.

El gobierno ha fallado en hacer cumplir las leyes existentes. Desde los 80, en EE.UU. se ha quintuplicado el gasto y triplicado el personal en la frontera con México. Se ha construido un triple muro por docenas de millas en el desierto. Por primera vez en la historia de los EE.UU. se ha impuesto sanciones a los empleadores de ilegales. Pero estas enérgicas medidas han fallado en tratar las realidades subyacentes del mercado laboral estadounidense.

Una consecuencia no intencionada ha sido la fatal desviación de la migración desde unos cuantos puntos de entrada urbanos a regiones poco pobladas tales como la frontera de Arizona. Cada día miles de inmigrantes ilegales cruzan la frontera, ocasionando molestias a los propietarios de tierras locales. Desde 1998 más de 2000 inmigrantes hombres, mujeres y niños han sufrido, agonizado y muerto por deshidratación y asfixia. Eso es un precio muy alto para buscar un mejor trabajo. La razón del fracaso es simple. Las leyes de inmigración existentes están chocando con dos poderosas realidades: la economía estadounidense sigue produciendo oportunidades para trabajadores poco calificados en sectores importantes como el comercio al por menor, servicios, construcción y turismo. Mientras tanto el grupo de norteamericanos deseosos de ocupar esos trabajos, continua reduciéndose a medida que la población se hace más vieja y mejor educada. A pesar de eso, nuestro sistema migratorio no tiene un camino legal para que gente pacífica y trabajadora pueda venir a los EE.UU. a ocupar, aunque sea temporalmente, esos trabajos. El resultado es una inmigración ilegal generalizada.

Los críticos de la inmigración demandan más de las mismas políticas fracasadas: más murallas y alambres de púas, divisiones enteras de tropas en la frontera, deportaciones masivas de trabajadores indocumentados a un costo económico y humano muy alto.

Un enfoque más responsable sería reconocer la realidad creando un programa temporal de trabajadores y un camino para la legalización para los más de 9 millones de personas que viven acá ilegalmente hoy en día. El presidente George W. Bush apoyó ese enfoque en enero y otra vez durante los debates presidenciales. También lo hizo el Senador John Kerry. Tres republicanos de Arizona, el Senador John McCain y los Representantes Jeff Flake y Jim Kolbe, han introducido una legislación que crearía justamente un programa de ese tipo.

La legalización reemplazaría un flujo inseguro, desordenado e ilegal de inmigrantes con uno seguro, ordenado y legal. A principios de los 50, la creciente inmigración ilegal desde México enfrentó a los EE.UU. con una disyuntiva similar en políticas públicas. La respuesta en ese entonces fue un incremento dramático en las visas para trabajadores temporales bajo el programa Bracero; el resultado fue igualmente una reducción dramática en la inmigración ilegal.

La legalización mejoraría el destino de millones de trabajadores. Los nuevos trabajadores legalizados tendrían mayor poder de negociación en el mercado porque ellos podrían cambiar fácilmente de trabajo para mejorar su salario y condiciones laborales. Sería más probable que ellos puedan calificar para un seguro médico y podrían invertir en habilidades laborales y de idioma. Los impuestos y las tarifas pagadas por los nuevos trabajadores legalizados podría ayudar a subsidiar los costos locales y estatales para educación y atención medica. Debido a que los trabajadores legalizados estarían en capacidad de visitar más frecuentemente sus países de origen, ellos estarían menos inclinados a traer a sus familias y más inclinados para, ultimadamente, regresar a casa.

Legalización no sería igual a una “amnistía”. Los trabajadores legalizados no obtendrían automáticamente la ciudadanía o incluso la residencia permanente. Ellos recibirían solamente una visa temporal renovable por tiempo limitado. Ellos tendrían que pagar una multa que no sería poco dinero para los trabajadores poco calificados. Y ellos tendrían que ponerse en la fila junto a todos los demás para aplicar a un estatus permanente bajo las leyes vigentes.

La Legalización también incrementaría la seguridad nacional. Empezaría por reducir drásticamente la inundación de contrabando humano y fraude de documentos que facilita la inmigración ilegal. Sacaría de las sombras a millones de personas y permitiría saber quienes son. Liberaría recursos para la guerra contra el terrorismo.

Durante una visita a Arizona a inicios de este año, el principal funcionario para la seguridad fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, el subsecretario Asa Hutchinson declaró “Si podemos pasar algún tipo de iniciativa de trabajado temporal, como lo ha sugerido el presidente, eso haría nuestro trabajo más fácil. Ojalá, en el momento que (los trabajadores) puedan ir a y regresar legalmente de sus hogares, no tendrán que cruzar ilegalmente y por lo tanto reducirán una porción del tráfico y uno se podrá concentrar en aquellas personas que realmente representan un riesgo para los Estados Unidos y un problema de seguridad”.

Sea quien sea que gane en Noviembre, el Congreso y el presidente tendrán una oportunidad en el nuevo año para hacer de EE.UU. una nación mas justa, segura y próspera mediante la promulgación de reformas migratorias reales.

Traducido por Nicolás López para Cato Institute.