8 de octubre de 2008

Educación argentina: La necesidad de subsidiar la demanda

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por Alejandro Bongiovanni

Alejandro Bongiovanni es Coordinador del Área de Políticas Públicas de Fundación Libertad (Rosario, Argentina) y columnista de ElCato.org. Alejandro obtuvo una mención honorífica en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.

Este es uno de los tres ensayos presentados por el autor para participar en el Concurso Voces de Libertad 2008.

Colegios en mísero estado edilicio; maestros más especializados en la lucha sindical que en la doble vocación de enseñar y capacitarse; escasos días de clase por año y alumnos que terminan titulándose sin ser capaces de realizar cálculos elementales o sin haber leído un libro por completo. Tal es el escenario actual de la educación argentina, escenario reflejado en los bajos resultados obtenidos en la evaluación de PISA.

A esta preocupante coyuntura siempre se la ha combatido a través de reclamos al Estado, con el objeto de que aumente el porcentaje de gasto público educativo, como si la sola inyección de dinero fuera suficiente para lograr mayor eficiencia en la educación.

El gasto educativo promedio por cada alumno es de $ 2.321 anuales, monto que representa el 3,8% del PBI. Sin embargo, poco puede hacerse con este dinero cuando más del 82% es destinado exclusivamente a gastos en personal.1 Es de lamentar entonces, que la constante puja redistributiva argentina no sea extraña a los gremios educativos, quienes sin coto abandonan durante varios días a sus alumnos para protestar por pretendidas "reivindicaciones sociales".

Existe, no obstante, un principio de solución a este triste panorama que amenaza con hipotecar el futuro de las generaciones venideras: el sistema de bonos escolares. Como la mayoría de las buenas ideas, esta solución es muy simple y sus beneficios pueden colegirse sin esfuerzo. El punto central de los bonos es suplantar el ineficiente y burocrático subsidio a la oferta (pagar establecimientos y sueldos sin la exigencia de ningún resultado concreto) por un subsidio a la demanda, mucho más preciso y eficiente, donde los educandos y sus familias son los auditores de la educación recibida, y pueden exigir mejor calidad.

¿Quién sabe mejor que nadie cómo manejar más responsable y eficientemente la educación de los niños? Sin dudas, los padres. Entonces, ¿por qué no dar a éstos las herramientas para decidir sobre la educación de sus hijos? A través de los bonos escolares, cada alumno recibe anualmente doce cheques para canjear en cualquier establecimiento educativo público o privado. El alumno se convierte entonces en un verdadero consumidor del sistema educativo —con todo el poder que esto implica— dejando de ser un mero dato estadístico cuya insatisfacción no afecta a quienes reciben el dinero.

Los establecimientos que pretendan recibir fondos deberán entonces ofrecer buenos servicios educativos y autogestionarse. Tendrán más poder de decisión pero también la responsabilidad de prestar buenos servicios, dado que si los educandos no los escogen, otros establecimientos más eficientes lo reemplazarán.

A los temores de que las escuelas privadas terminen mostrando un nivel muy superior a las públicas, vale contestar con la experiencia sueca, donde el sistema de bonos y escuelas independientes viene funcionando muy bien desde su implementación en 1992, y donde paradójicamente las escuelas municipales “exhiben un cierto mejoramiento a medida que crece el número de escuelas independientes”.2 Los beneficios de la competencia son patentes en este caso.

El Estado sólo se encargaría entonces de pagar los cheques que cada establecimiento gane, lo que eliminaría la adiposidad del burocrático gasto de gestión. Las escuelas y los maestros deberían profesionalizarse acorde a las exigencias de un verdadero mercado educativo. Los padres tendrían en sus manos la posibilidad de elegir sobre la educación de sus hijos y éstos gozarían de un nivel de enseñanza muy superior al actual. Tales serían los resultados de llevar adelante la política de bonos escolares.

Además es probable que abriendo el mercado educativo a todo aquel que desee participar, comiencen a formar escuelas individuos con real vocación educativa, "muchas personas que tienen animus docente y que siempre han querido enseñar o dirigir escuelas, pero no han podido hacerlo por la burocracia educativa y la esclerosis del actual sistema",3 lo cual elevaría el nivel educativo general.

El laureado Milton Friedman fue uno de quienes más trabajó por el establecimiento de vouchers escolares, universales y disponibles para todos los que puedan enviar a sus hijos a escuelas públicas. Este sistema es, según el economista, el más apto para "debilitar o de destruir considerablemente el poder del establishment educacional, una precondición necesaria para mejorar radicalmente el sistema educativo".4

Referencias:

1. Panorama Educativo Nacional. Temas Públicos, Marzo, Año II. Fundación Libertad (2008). Disponible en http://www.libertad.org.ar/iee/tpeducacion.pdf.

2. Mauricio Rojas, Reinventar el Estado de Bienestar, Editorial Gota a Gota (Madrid 2007) p. 67.

3 Antonio I. Margariti, Economía Sociedad y Estado, editado por Fundación Libertad. (1996) p.376.

4. Milton Friedman, "Educación Pública: Privatízenla". ElCato.org. Disponible en http://www.elcato.org/pdf_files/ens-2006-12-13.pdf.