El Plan Paulson

Después de fracasar en sus intentos de estabilizar el mercado financiero con un desenfrenado activismo fiscal y monetario, el Tesoro norteamericano secundado por la Reserva Federal se ha embarcado en la mayor operación de rescate de la historia económico-financiera desde el New Deal en los años treinta del siglo pasado. La iniciativa del gobierno estadounidense sugiere dos cuestiones fundamentales, una se refiere a los aspectos formales del Plan Paulson y la otra a su capacidad de conseguir los fines perseguidos. Ambas tienen una importancia fundamental porque si el programa diseñado por el Tesoro fracasa habrá deteriorado de manera sustancial el marco institucional de la economía norteamericana sin haber logrado contener el colapso del sistema financiero. En este caso, la maquiavélica tesis de que el fin justifica los medios, apadrinada por la Administración republicana, se saldaría con un sonoro fracaso de implicaciones imprevisibles para los EE.UU. y para el resto del mundo, sobre todo, para quienes creen en los principios del capitalismo competitivo.

El Plan Paulson demanda la concesión de un poder imperial al Tesoro sobre el uso de los recursos solicitados al Congreso para combatir la crisis. Se crea pues un fondo, para empezar de 700.000 millones de dólares cuya utilización por parte del gobierno es discrecional porque pretende no estar sometida al control de los tribunales, del legislativo ni de ninguna agencia administrativa. Esto sitúa al Tesoro por encima de la ley y le concede una arbitrariedad total para decidir qué activos compra, a quién y a qué precio. El programa de Paulson tiene una potencia expansiva extraordinaria porque no se limita a adquirir con cargo al dinero de los contribuyentes los denominados activos “tóxicos”, sino que además se reserva la posibilidad de hacerlo con cualquier otro que a su libérrimo juicio necesite ser “nacionalizado” para salvar el sistema. Es evidente que este planteamiento abre la puerta a todo tipo de abusos y favoritismos.

En el terreno de los principios, la entrada en vigor del Plan Paulson alteraría de manera sustancial los fundamentos del modelo económico estadounidense para las próximas dos generaciones. Crearía un sistema en el cual los beneficios son privados y las pérdidas públicas y en donde el dinero de los ciudadanos se utiliza para salvar a entidades e instituciones que han cometido excesos creando incentivos para que los sigan cometiendo porque, al final, les socorrerá Papá Estado. Este enfoque choca frontalmente con las reglas de una economía de mercado en la que la gente es responsable de sus actos, los comportamientos imprudentes son penalizados y los prudentes se recompensan. De este modo, el salvamento de los intereses de un puñado de financieros irresponsables o exuberantes causaría un daño sustancial al capitalismo con la complicidad y con el apoyo de un gobierno asustado e incompetente.

Si se excluye del análisis la apelación a los anteriores criterios, se plantea una pregunta: ¿Servirá la acción gubernamental para solucionar la crisis financiera? La respuesta exige un cierto desarrollo. De entrada, la iliquidez hace difícil saber cuál es el valor de los activos y la teoría económica avalada por una abrumadora evidencia empírica demuestra que el mercado, con todos sus defectos, tiene una innegable ventaja competitiva sobre el gobierno para resolver ese dilema. Esto significa que si el Tesoro opta por comprar los activos al “precio justo de mercado” sólo podrá hacerlo por encima del actual. De lo contrario, sus propietarios ya los hubiesen vendido. No lo han hecho porque no quieren asumir las pérdidas adicionales descontadas por los expertos más solventes, estimadas en una depreciación de los activos reales del orden del 35-40 por 100 de la que sólo se ha producido la mitad.

Por eso, los inversores no han entrado ni lo harán en el mercado hipotecario-inmobiliario hasta que toque fondo. Descartada la hipótesis de una masiva confiscación de activos, el Tesoro se verá forzado a pagar más si quiere adquirirlos lo que elevará o sostendrá artificialmente su valor, como lo hicieron las intervenciones de la FED con el de las acciones. Esta actuación quizá consiga frenar coyunturalmente pero no evitará el inevitable ajuste del sector y sus implicaciones financieras, entre otras cosas, porque los deudores no podrán hacer frente a sus obligaciones.

El Plan Paulson no solventa la esencia del problema: la descapitalización de las instituciones financieras norteamericanas y, en consecuencia, su imposibilidad de aumentar la oferta de crédito aunque las liberen de sus activos “tóxicos”. Todos los rescates bancarios con éxito de la historia han tenido dos características básicas: primera, reducir el tamaño de las entidades intoxicadas y garantizar los depósitos; segunda y sólo tras hacer lo primero, repagar las deudas y vender sus activos. Por contraste, el Tesoro pretende convencer a los acreedores que todo se arregla comprando los activos intoxicados. Esto sólo funcionaría si se asume que están infravalorados, tesis asumida por Paulson en la rueda de prensa en la que presentó su proyecto, lo que sólo es verdad si estamos ante un problema de liquidez, extremo dudoso, y no de insolvencia, probabilidad real.

Por último, los efectos macroeconómicos del Plan Paulson son inquietantes. Su puesta en marcha disparará el binomio déficit/deuda pública para los próximos años y su necesidad de financiación forzará bien a subir impuestos bien a elevar la inflación. Cualquiera de esos dos escenarios conduce por un lado a una intensa depreciación del dólar y, por tanto, crea el serio riesgo de que los inversores exteriores, básicamente bancos centrales extranjeros y fondos soberanos, dejen de estar dispuestos a seguir financiando los desequilibrios de la economía norteamericana; por otro, ejercerá un efecto “crowding out” que hará más escasos y más caros los recursos disponibles para el sector privado, agudizando la restricción de liquidez. Y… ¿La culpa de esta situación la tiene el capitalismo salvaje? No, pero se lo contaré otro día.