31 de mayo de 2007

Una reforma integral para el sistema inmigratorio de EE.UU.

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por Daniel T. Griswold

Daniel T. Griswold es Director del Centro de Estudios de Política Comercial del Cato Institute.

El nuevo congreso democrático comenzó a debatir a fines de mayo una ley de reforma inmigratoria para controlar la inmigración ilegal. Si los líderes demócratas pueden trabajar con el Presidente Bush y sus contrapartes republicanos para aprobar una reforma inmigratoria integral, uno de los asuntos más problemáticos de nuestro país podría ser resuelto.

Pocas personas, de ambos lados del debate sobre la inmigración, están felices con el estatus quo. Hoy hay alrededor de 12 millones de personas nacidas en el extranjero que viven en EE.UU. sin autorización, y ese número crece por casi medio millón anualmente.

Esos inmigrantes llenan un vacío importante y creciente en el mercado laboral estadounidense. La economía estadounidense continúa creando cientos de miles de trabajos cada año para trabajadores de poca calificación en sectores tales como la limpieza, la preparación de comida, el paisajismo y las ventas minoristas.

Al mismo tiempo, la cantidad de estadounidenses que tradicionalmente han ocupado esos trabajos continúa encogiéndose mientras que los trabajadores nacidos aquí se vuelven, en promedio, mayores y más educados. Pero aún así nuestro sistema inmigratorio no ofrece un canal legal de entrada para trabajadores pacíficos de poca calificación que quieran realizar estos trabajos.

La inmigración ilegal a gran escala solo acabará cuando el sistema inmigratorio estadounidense ofrezca una alternativa legal. Cuando hay que escoger entre pagarle $2.000 a un coyotero, arriesgándose a ser robados o a morir en el desierto, o a vivir una existencia sombría en la economía informal de EE.UU. sin poder irse y volver libremente para visitar sus hogares o entrar a EE.UU. a través de un puerto de entrada con documentos legales; y cuando la libertad de visitar sus hogares sin miedo de que la entrada les sea negada al regreso, la gran mayoría de los potenciales inmigrantes escogen el camino legal.

Sabemos a través de la experiencia que la inmigración legal, si se la permite, desplazará a la inmigración ilegal. En los años cincuenta, el programa Bracero permitió a los trabajadores mexicanos entrar al país temporalmente, tradicionalmente para trabajar en las granjas en el sudoeste. A principios de esa década, la inmigración ilegal era abundante porque el programa ofrecía una cantidad insuficiente de visas para satisfacer la demanda de una economía estadounidense en crecimiento. En vez de simplemente redoblar los esfuerzos para hacer cumplir una ley defectuosa, el congreso aumentó dramáticamente el número de visas para acomodar la demanda.

El resultado: la detención de inmigrantes ilegales en la frontera se redujo en más de 95 por ciento.

Si el objetivo es reducir la inmigración ilegal, cualquier programa de trabajadores temporales debe ofrecer una cantidad suficiente de visas para satisfacer la demanda legítima de un creciente mercado laboral estadounidense. El hecho de que entre 400.000 y 500.000 trabajadores nacidos en el extranjero se suman ilegalmente a la fuerza laboral estadounidense cada año indica la magnitud general de la diferencia entre la demanda y la oferta disponible de trabajadores legales. Un programa de trabajadores temporales debería ofrecer por lo menos ese número de visas para permitir que la evidente demanda por parte de los empleadores estadounidenses sea satisfecha.

Para ser efectivo, un programa de visas expandido también debe ser lo suficientemente flexible para responder a las señales del mercado laboral. Los líderes sindicales están presionando a los demócratas para que requieran que los trabajadores temporales sean pagados los “salarios predominantes” —esto es, salarios artificialmente altos al nivel determinado por los sindicatos en lugar de aquellos determinados por el mercado.

Aquello sería una receta para el fracaso, ya que muchos de los trabajos ocupados por los trabajadores inmigrantes requieren de poca calificación y son de salarios bajos, algo que simplemente no existiría en la economía legal si los salarios impuestos por los sindicatos fuesen obligatorios. Añadir reglas laborales costosas solo perpetuaría el mercado laboral clandestino que ha sido creado por el actual sistema.

Los pedidos de reglas que controlen los salarios están basados en los miedos falsos de que una inmigración legal mayor ejercería una presión hacia la baja en los salarios y las condiciones laborales para una amplia porción de los trabajadores estadounidenses. Pero solo una pequeña y cada vez menor porción de la fuerza laboral estadounidense compite con los trabajadores inmigrantes.

De acuerdo a “The New Americans”, el respetable estudio de 1997 realizado por el Consejo Nacional de Investigación, solo dos grupos de estadounidenses son afectados por una presión hacia la baja en sus salarios debido a la inmigración y estos grupos son los inmigrantes recientes y los estadounidenses nacidos aquí que no tienen un diploma de secundaria.

El impacto en los salarios de los trabajadores estadounidenses es pequeño. “El peso de la evidencia empírica sugiere que el impacto de la inmigración en los salarios de los trabajadores nacidos aquí que compiten con los trabajadores inmigrantes es pequeño —posiblemente reduciéndolos en solo un 1 o 2 por ciento”, concluyó el estudio del Consejo Nacional de Investigación.

Los estudios más recientes confirman el pequeño impacto de la inmigración de poca calificación por sobre los trabajadores estadounidenses.

Si el congreso no reforma las leyes inmigratorias estadounidenses de tal manera que refleje la realidad de nuestra economía de mercado, el problema de la inmigración ilegal solo empeorará.

Sin una reforma inmigratoria integral, el congreso y el gobierno desperdiciarán miles de millones de dólares más en tratar de hacer cumplir una ley imposible de cumplirse.

Este artículo fue publicado originalmente en el Orlando Sentinel el 22 de mayo de 2007.

Traducido por Gabriela Calderón para Cato Institute.