26 de diciembre de 2006

Algo está podrido en Washington

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por Carlos Ball

Carlos Ball es Periodista venezolano, director de la agencia de prensa AIPE (www.aipenet.com) y académico asociado del Cato Institute.

El mayor operativo policial llevado a cabo en Estados Unidos en el siglo XXI ocurrió el 12 de diciembre, cuando más de mil agentes federales invadieron las instalaciones de Swift & Co., en seis estados (Colorado, Nebraska, Utah, Texas, Iowa y Minnesota), deteniendo a 1.282 trabajadores acusados de ser inmigrantes indocumentados. Swift es la segunda empresa procesadora de carne más grande del mundo, fundada en 1855. En sus primeras declaraciones a la prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, declaró que los arrestados provienen de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Laos, Sudán y Etiopía, añadiendo: “les garantizo que seguiremos persiguiendo estos casos”.

Parece que en Washington han perdido el sentido del ridículo. ¿Qué tienen que ver con la seguridad nacional estos extranjeros que tratan simplemente de ganarse honestamente la vida y alimentar a su familia, haciendo un trabajo que la gran mayoría de los norteamericanos no están dispuestos a realizar?

Washington le ha impuesto la instrumentación de su nefasta guerra contra las drogas a gobiernos extranjeros, principalmente en América Latina y recientemente a Afganistán, con desastrosas consecuencias. De igual manera, esconde su fracaso en hacer cumplir malas leyes migratorias tratando de pasar esa responsabilidad a la empresa privada.

Los patronos están obligados a exigir una identificación con fotografía y el número de Seguro Social, pero como hasta el propio Chertoff admite, las computadoras del gobierno pueden detectar si el número no coincide con el nombre, pero no detectan si muchas personas utilizan el mismo número. Desde 1997, Swift participa voluntariamente en un programa piloto del gobierno, revisando que los números y nombres coincidan, pero en 2001 la empresa fue multada por el Departamento de Justicia por investigar a sus potenciales trabajadores, argumentando que con ello estaba discriminando.

El presidente del sindicato local Nº 20, Dan Hoppes, declaró el 19 de diciembre que entre 40 y 50 de los nuevos trabajadores contratados por la planta de la empresa Swift en Nebraska “son blancos”. Antes de la redada, 90% de los trabajadores de esa planta eran latinos.

La persecución de los inmigrantes es aplaudida por los sindicatos, que por cierto apoyan el aumento del salario mínimo sabiendo que ello cierra las puertas a potenciales competidores que buscan un primer empleo sin tener experiencia.

A los próceres fundadores de la nación les preocupaba el exagerado crecimiento del gobierno central, razón por la cual establecieron el federalismo. Gracias a ello, la policía local no suele participar ni ayudar a los agentes federales en la persecución de indocumentados, sabiendo que con ello sólo ganaría la desconfianza de la población, dificultando entonces su labor en atrapar a verdaderos delincuentes y criminales. Pero el gobernador republicano de Massachusetts, Mitt Romney, quien tiene aspiraciones presidenciales, comisionó recientemente a 30 policías estatales a colaborar con el gobierno federal en la detención de indocumentados. Entonces, el diario Boston Globe reportó que algunos jardineros que cortan la grama en la casa del gobernador son indocumentados.

A los burócratas en Washington no les preocupa que aumente el costo de la carne; sus altos salarios los protegen de tales nimiedades. Tampoco parece preocuparles mucho el hecho que 23% de la gente en prisión en el mundo está actualmente en cárceles de Estados Unidos porque los políticos aquí tratan infructuosamente de resolver todo problema con una nueva ley y una nueva prohibición, penalizando con cárcel actos que no perjudican a terceros.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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