2 de octubre de 2006

Argentina: Libres de humo, esclavos de la legislación

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por Gabriel Gasave y Martín Simonetta

Gabriel Gasave es investigador asociado de la Fundación Atlas 1853.

Martín Simonetta es Director Ejecutivo de la Fundación Atlas de Buenos Aires, Argentina. Es licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador) habiendo cursado una Maestría en Política Económica Internacional (UB).

En la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1 de octubre del 2006 entró en vigencia la Ley de Control del Tabaco que prohíbe fumar en lugares "públicos", tales como restaurantes, bares y centros comerciales. Esto se suma a la medida vigente desde el 1 de marzo que preveía la prohibición del consumo de cigarrillos en las oficinas dependientes del Gobierno de la Ciudad.

La ley prohíbe el consumo de tabaco en bares y restaurants cuya superficie no alcance los 100 metros cuadrados. Sólo aquellos establecimientos que tengan un salón más grande (sin contar la cocina, los baños y otras instalaciones) podrán disponer un espacio para fumadores, de no más del 30% del total. Asimismo, prevé multas de entre 500 y 2000 pesos para dueños de bares y restaurantes que no cumplan con lo dispuesto por la norma. Y finalmente prohíbe, a partir del año 2007, la publicidad de tabaco en la vía pública. Además, los negocios deberán colocar carteles informando que dentro de ellos no se permite fumar.

La peligrosa obsesión “anti-tabaco”

A pesar de su aparente irrelevancia, esta norma abre un fuerte debate sobre los cimientos mismos de la organización de nuestra sociedad y de los valores que la sustentan, especialmente si las mayorías pueden violar las libertades individual reconocida por la Constitución Nacional, en algunos casos de forma directa, en otras, abriendo ventanas para nuevos atropellos a la libertad de elegir.

En consecuencia, consideramos necesario referirnos a los siguientes puntos:

• Las mayorías legislativas pisotean los derechos de propiedad privada: La mencionada norma pasa por encima el derecho a usar y disponer de la propiedad privada protegido por la Constitución Nacional. Basada en una concepción de supuesta “salud pública” atenta contra el fundamento mismos de la libertad individual: el derecho de los propietarios de restaurants, bares y shoppings a elegir qué tipo de servicio desean brindar a sus clientes, sea libre o no libre de humo. De esta forma se “socializa” la propiedad y no permite a los dueños adaptarse a la demanda de sus clientes.
• Las mayorías legislativas nos dicen qué es bueno y qué es malo para nuestra salud: Suponemos que no somos niños ni adolescentes pues podemos votar y elegir a nuestros gobernantes, pero aún en la edad adulta no son nuestros padres sino los legisladores quienes nos indican qué es bueno y qué es malo para nuestra vida.

De esta forma, el sustento implícito de la ley anti-tabaco es que fumar es malo y el 34% de los argentinos que lo hacen, están equivocados o enfermos. Contrariamente, lo que sí es legítimo es la exacción involuntaria de recursos vía impuestos para dedicarlos a generar conciencia sobre los perjuicios de fumar.

Siguiendo este razonamiento, no sería extraño que en no mucho tiempo se impida a los bares y restaurants vender comida que no sea libre de colesterol, cafeína, alcohol, carnes rojas, azúcar o comidas rápidas, o que en otros ámbitos se prohíba el sexo, el juego u otras cuestiones consideradas “malas” para la ciudadanía por las costosas y arrogantes burocracias.

Si se permite a los representantes de las mayorías decidir qué es posible consumir y hacer y en qué condiciones, la libertad se halla seriamente amenazada. El supuesto de la ley es una concepción peligrosamente paternalista que parece saber centralmente qué hace y qué no a la felicidad de cada persona, atacando la raíz filosófica de nuestro derecho a elegir.

• Las mayorías legislativas no perciben la ausencia de “externalidades negativas”. Las medidas anti-tabaco ni siquiera son sostenibles desde el argumento técnico de la existencia de externalidades negativas —esto es que el humo generado por un fumador afectará a un tercero o “fumador pasivo”. Esto es porque —hasta la vigencia de la nueva ley— cuando alguien entraba a un bar o restaurant lo hacía de forma voluntaria, así como el dueño del establecimiento también determinaba en función de la demanda de sus clientes si este era libre de humo, mixto o lleno de humo.

Al respecto, afirma Lorenzo Bernaldo de Quirós en su artículo “La Ley Seca del Tabaco” que el mercado proporciona los incentivos necesarios para satisfacer las preferencias de todos los consumidores sin que el Estado tenga que intervenir. En consecuencia habrá cines, restaurantes, centros comerciales, líneas aéreas etc. para fumadores y otros para no fumadores y el equilibrio entre unos y otros dependerá de la intensidad de la demanda tanto como de la calidad de la oferta.

En síntesis, la nueva Ley anti-tabaco en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de cómo la voluntad de la mayoría atenta contra los derechos individuales, imponiendo a los propietarios de negocios la prohibición de fumar y suponiendo de forma arrogante conocer qué hace a la felicidad de los ciudadanos en forma uniforme.

Es necesario que en una sociedad abierta, que tenga a los derechos de los individuos como eje central, cada vida es un proyecto sagrado, una elección permanente, un aprendizaje a través de un proceso de prueba y error en un contexto de toma de riesgo, una selección dinámica y permanente de valores, prioridades y preferencias. Cada ser humano es un fin en sí mismo, único e irrepetible, cuya esencia sagrada no debería ser pisoteada por mayorías legislativas.