Una amenaza para las libertades civiles en EE.UU.

Cuando el caos estalló en Nueva Orleans luego del Huracán Katrina, se declaró ley marcial, se llamaron a las tropas militares para restaurar el orden, y los medios transmitían últimas noticias. Lamentablemente, cuando ocurren eventos legales más dramáticos y cuando dichos eventos son de mayor consecuencia legal, a veces los medios no les prestan la atención que merecen.

La falla del 9 de septiembre con respecto de José Padilla, un ciudadano americano encerrado en una prisión militar en Carolina del Sur por tres años, es un ejemplo. La decisión tendría que haber alarmado al público estadounidense ya que la decisión socava seriamente los derechos consitucionales.

Un tribunal de apelaciones federal sostuvo que los derechos constitucionales que se aplican a la policía no se aplican al personal militar. Esto puede ser razonable cuando las fuerzas militares conducen operaciones de guerra como en Irak, o en zonas de desastre como en Nueva Orleans. Pero es un concepto alarmante cuando se le da carta blanca a las fuerzas militares estadounidenses.

Una negación general del debido proceso

Pero ese es el resultado final de la decisión Padilla. El gobierno federal ha otorgado luz verde para privar a los estadounidenses del derecho al debido proceso. Sin órdenes de arresto. Sin juicio. Sin acceso a sistema juriídico civil. Es posible que no pueda verlo por televisión, pero el fallo de este tribunal es equivalente a un huracán legal, y no es una exageración decir que es una tormenta de categoría 5 con respecto a su potencial de destruir las libertades civiles.

Agentes federales arrestaron a Padilla en el Aeorpuerto Internacional O´Hare en Chicago justo cuando bajaba de un vuelo desde Pakistán. Los federales alegaban que Padilla peleó contra EE.UU. en Afganistán, escapó a Pakistán y regresó a EE.UU. para cometer actos de terrorismo en nombre de al-Qaeda. En lugar de procesar a Padilla por traición y otros delitos, el presidente Bush declaró que Padilla es un “enemigo de combate” y ordenó que lo mantuvieran incomunicado y que lo interrogara el personal militar y de inteligencia.

Padilla todavía no ha tenido la oportunidad de contar su versión de la historia. Durante dos años, el gobierno ni siquiera permitió que Padilla se reuniera con su representante legal designado por el tribunal, Donna Newman. Sin embargo, Newman ha defendido los derechos de Padilla, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para encarcelar estadounidenses sin previo juicio.

Bush no ha dado ningún discurso dramático por televisión para explicar al país la intención de su administración de suspender el habeas corpus y la Carta de Derechos pero sus abogados han presionado silencionamente nuestros tribunales con escritos legales con teorías sobre la autoridad del poder ejecutivo.

Los abogados del presidente recalcan que EE.UU. está en guerra y que las “leyes de guerra” están vigentes. Por “leyes de guerra”, quieren decir que el presidente ha asumido poderes más amplios como comandante de las fuerzas armadas para poder “proteger al país”. De acuerdo con esta visión, los derechos constitucionales de los ciudadanos ya no son la ley suprema. Una corte de apelaciones federal ha validado este nefasto paradigma de derecho militar.

¿Significa ésto que helicópteros negros vendrán a los suburbios para llevarse a nuestros amigos para interrogarlos? Por supuesto que no. Sin embargo, aún el uso sutil y selectivo del poder militar para encarcelar a ciudadanos estadounidenses en territorio de EE.UU. debe preocupar a la gente sin importar su afiliación política.  

Estableciendo un precedente peligroso

Uno debe recordar que el personal militar no siempre viaja en vehículos armados con rifles listos para disparar. El año pasado, la inteligencia del ejército apareció en la Universidad de Texas poco después de que un alumno organizara una conferencia sobre derecho islámico y los derechos de las mujeres. Los agentes interrogaron a los alumnos y demandaron una lista de los oyentes. Luego de que el incidente se hiciera público, el ejército se disculpó. El punto clave es este: el sistema legal de EE.UU. se basa en precedentes. Si el presidente puede ordenar a las fuerzas militares que encierren a un ciudadano sin orden de arresto o sin justificar el arresto, luego del hecho, para un juez federal imparcial, el presidente puede basarse en ese precedente para encarcelar a otros la semana siguiente.

Bush siempre habla de su deseo de asegurar la libertad de la gente en Irak, pero algunas de sus decisiones están socavando la libertad en nuestro país. No hay que pensarlo dos veces. El precedente Padilla constituye un quiebre en nuestro dique de garantías constitucionales, el cual defiende la libertad al limitar los poderes del gobierno. No debemos esperar a que nuestras garantías constitucionales colapsen para apreciar el peligro que las “leyes de guerra” significan para la libertad en EE.UU. Las sociedades libres no ocurren “porque sí”. Deben ser creadas deliberadamente y mantenidas deliberadamente.

Traducido por Marina Kienast para Cato Institute.