12 de abril de 2007
Los subsidios arroceros de EE.UU. perjudican a los productores de los países en desarrollo
La política arrocera estadounidense disminuye los precios globales del arroz entre 4% y 6%
WASHINGTON — La actual política agrícola estadounidense hace del arroz uno de los productos básicos más altamente respaldados en los Estados Unidos, con ramificaciones para los contribuyentes y consumidores estadounidenses y los productores de arroz en otros países. Los subsidios y la protección comercial han resultado en una escasez de arroz, de acuerdo al estudio publicado hoy en español por el Cato Institute.
En el nuevo estudio, “El costo oculto de los subsidios arroceros de Estados Unidos”, Daniel Griswold, director del Centro para Estudios de Política Comercial, argumenta que la intervención gubernamental ha distorsionado el mercado para la producción y comercialización del arroz en mayor grado que el de cualquier otro producto básico. Como consecuencia, “ Los estadounidenses pagan el programa arrocero tres veces: como contribuyentes, como consumidores y como trabajadores”.
Los subsidios directos de los contribuyentes constituyen la mitad de todo el ingreso de los productores estadounidenses, mientras que les cuestan a los contribuyentes estadounidenses un promedio de más de $1.000 millones al año desde 1998. Se proyecta que estos subsidios sean de alrededor de $700 millones al año hasta 2015.
Los aranceles globales impuestos sobre al arroz tienen un promedio de 43 por ciento y, cuando son combinados con los subsidios directos, constituyen tres cuartos del ingreso de los productores arroceros de los países ricos. Los aranceles impuestos sobre el arroz importado hacen que los precios sean más altos para los consumidores estadounidenses y, junto con los subsidios arroceros, son una carga para la economía estadounidense mediante la asignación no óptima de los recursos. Griswold explica, “ Los consumidores de países con mercados protegidos llegan a pagar hasta cuatro veces el precio internacional del arroz, lo cual reduce su estándar de vida”, mientras que los pagos arroceros tienden a ser concentrados entre un pequeño grupo de grandes productores.
La política arrocera de Estados Unidos disminuye los precios del arroz entre 4 y 6 por ciento, haciendo que sea más difícil para los productores de arroz en los países en desarrollo salir de la pobreza, lo cual socava la posición de negociación de Estados Unidos en las negociaciones comerciales globales y deja al país en una posición de vulnerabilidad ante objeciones de otros países en la Organización Mundial del Comercio.
Griswold dice que “ el Congreso y el presidente deberían trabajar juntos para adoptar un programa arrocero más orientado hacia el mercado en la ley propuesta para la política agraria de 2007, que incluya la derogación de los aranceles y una desaparición gradual, pero rápida, de los subsidios”. Tales reformas no serían un “desarmamiento unilateral”, pero un intento de favorecer el interés nacional sin importar lo que otros países decidan hacer al respecto.
Griswold concluye: “ El programa arrocero no es un activo que deba protegerse a cualquier precio; es un pasivo nacional del que hay que librarse cuanto antes. Con una reforma unilateral del programa del arroz, el gobierno estadounidense reforzaría el bienestar económico nacional; generaría una buena imagen ante países menos desarrollados y mejoraría el papel del país como líder de la economía mundial”.
Aquí puede obtener el estudio entero: http://www.elcato.org/node/2384
Contacto:
Daniel Griswold, Director del Centro para Estudios de Política Comercial del Cato Institute, dgriswold@cato.org
Ian Vásquez, director, Centro para la Libertad y la Prosperidad Global, ivasquez@cato.org
Gabriela Calderón, encargada de prensa en Latinoamérica, gcalderon@cato.org, 202-218-4610
Nicole Kurokawa, encargada de prensa, nkurokawa@cato.org, 202-218-4613
Evans Pierre, director de telecomunicaciones, epierre@cato.org , 202-789-5204
El Cato Institute es un centro de investigación de políticas públicas no partidista dedicado a ampliar el debate político de manera consistente con los principios de libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz.



























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