23 de diciembre de 2009

La doctrina de la imparcialidad

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por Gabriela Calderón de Burgos

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

Guayaquil, Ecuador— En 1920 en EE.UU. estaba de moda la doctrina de la imparcialidad (“The Fairness Doctrine”). Esta sostiene que si el Estado no interviene en el mercado libre de la prensa y del flujo de ideas, muchas voces nunca tendrán el derecho a expresarse. Hay que “administrar” la expresión de los ciudadanos desde el Estado para asegurarle a estas voces marginales su derecho a expresarse. En la práctica, se esperaba que en cada programa de opinión el conductor tuviese al menos dos visiones opuestas.

Se argumentaba que la política de la imparcialidad generaría un “mercado de ideas sin inhibiciones” y que este nuevo régimen regulatorio fomentaría un debate más democrático de los asuntos de interés público. En 1949, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó formalmente la doctrina de la imparcialidad.

¿Qué pasó? Mi colega John Samples, Director del Centro para el Gobierno Representativo del Cato Institute, publicó este año un estudio que analiza precisamente eso.1 Señala que en 1963, el gobierno de Kennedy se valió del poder de la FCC para demandar espacios en prácticamente cualquier medio de comunicación cada que aparecía un crítico a su intención de firmar un tratado de prohibición a las pruebas nucleares con la Unión Soviética. Luego continuó aprovechándose de la doctrina para promover su reelección, como lo confesó Bill Ruder, un relacionista público involucrado en ese esfuerzo. Ruder dijo “Nuestra estrategia masiva era utilizar la doctrina de la imparcialidad para fustigar a los comunicadores derechistas y esperar que los obstáculos serían tan costosos para ellos que se restringirían y decidirían que era demasiado caro continuar”.2 Este uso de la doctrina continuó durante la administración de Lyndon Johnson. Luego vino Nixon, quien le pidió a su personal que tome “medidas específicas respecto a lo que podría ser cobertura injusta en los noticieros”.

Samples concluye que “Entre 1963 y 1973 tres gobiernos utilizaron [la doctrina de la imparcialidad] para fustigar a sus críticos”. En 1987 la FCC abandonó la política de la imparcialidad.

Entre 1920 y 1987 el gobierno federal de EE.UU. tuvo el poder de regular la expresión para garantizar un mercado de ideas competitivo. ¿Qué tan bien lo hizo? Se había asumido que los funcionarios públicos promoverían el debate de ideas. En la práctica, dice Samples, el objetivo de promover la competencia en el debate de ideas resultó estar reñido con el objetivo de lograr sus distintas agendas políticas—ya sean de izquierda o de derecha.

Samples indica que luego de la eliminación de la política de imparcialidad, la programación con contenido de opinión creció rápidamente: los programas de opinión en la radio pasaron de 400 en 1987 a más de 900 en 19933 y la fecha asociada con la mayor proliferación es precisamente el año en que se abandonó la doctrina de la imparcialidad (1987).

Si en EE.UU.—donde existía (y existe) una separación de poderes y un Estado de Derecho—varios gobiernos abusaron de la doctrina de la imparcialidad para silenciar a sus críticos, ¿qué cree que pasará aquí? Para muestra un botón: nótese la “imparcialidad” en las cadenas nacionales y en los medios de comunicación estatales.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 23 de diciembre de 2009.

Referencias:

1. Samples, John. “Broadcast Localism and Lessons from The Fairness Doctrine”. Mayo de 2009. Cato Institute. Disponible en: http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=10207 . Todas las citas y datos provienen del estudio de John Samples.

2. Cita también se encuentra en editorial de George Will para el Washington Post. “The Fairness Doctrine Fouls Out”. 7 de diciembre de 2008. Disponible en: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/05/AR2008120503194.html .

3. Cronauer, Adrian. “The Fairness Doctrine: A Solution in Search of a Problem”. Federal Communications Law Journal. Volumen 47 (Octubre de 1994).