Humala salva a la minería peruana

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Humala salva a la minería peruana

19 de Diciembre de 2011
Mary Anastasia O'Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.

La intempestiva renuncia hace poco más de una semana de Salomón Lerner, presidente del Consejo de Ministros, sacudió la frágil democracia peruana. No solamente porque Lerner presidió el gabinete del presidente Ollanta Humala durante apenas 136 días. El anuncio también desencadenó una ola de preocupación porque vino acompañado de la noticia de que Humala, un ex militar, reemplazaría a Lerner con otro militar retirado, Oscar Valdés.

En las siguientes horas resonaba una sola pregunta en el ciberespacio peruano: ¿Estaba Humala, un nacionalista en lo económico que encabezó un fallido intento de golpe de estado contra la democracia peruana, militarizando el gobierno? Los peruanos se estremecieron.

Una semana después, al menos por el momento, tales inquietudes parecen infundadas. Por lo pronto, la renuncia de Lerner parece haber sido causada por la decisión de Humala de defender el estado de derecho y asegurar que Perú siga siendo un destino importante para la inversión extranjera. La verdadera lección del drama dice relación con los riesgos para el desarrollo procedentes de una izquierda dura disfrazada de "ambientalismo".

Durante los últimos diez años, la economía peruana ha promediado un crecimiento anual de 6,3% y, como resultado, está floreciendo una clase media emergente. La situación contrasta con la realidad de las vecinas Ecuador y Bolivia, donde gobiernos autoritarios han suprimido la libertad de expresión y la empresa privada, y han procurado revivir el estatismo de los años 70.

Un motor clave del crecimiento peruano ha sido el sector minero, en el cual la inversión se ha duplicado en los últimos dos años. Si Perú pretende seguir en la senda del desarrollo, estos flujos deben continuar. Las perspectivas son buenas. El gobierno calcula que los proyectos de inversión minera para los próximos diez años ascienden a los US$50.000 millones, una suma sustancial en una economía de US$168.000 millones.

Como candidato, Humala tiene un historial de romantizar el nacional socialismo, lo que difícilmente lo convierten en él paladín de la libertad económica que Perú necesita para seguir creciendo. No obstante, prometió una mejor vida para los pobres, su principal electorado. En una economía abierta como la de Perú, que depende del acceso a los mercados internacionales de capital, sus opciones para cumplir con tales promesas dejan poco margen para los experimentos socioeconómicos de izquierda. Esta fue la esperanza de quienes lo respaldaron en la segunda vuelta electoral contra la hija del ex presidente Alberto Fujimori.

Ahora, Humala enfrenta su primera prueba importante en la ciudad norteña de Cajamarca, donde Newmont Mining Corporation está lista para comenzar las labores en una mina de cobre y oro de US$4.800 millones. Los oponentes, autodenominados ambientalistas, han recurrido al bloqueo de caminos y a la violencia para impedirlo. El resultado de la disputa será observado cuidadosamente por inversionistas extranjeros y afectará profundamente el futuro económico del país.

Un portavoz de Newmont Mining señala que el proceso de evaluación de impacto ambiental para la mina de Conga demoró tres años y "fue el proceso de evaluación de impacto ambiental más riguroso para un proyecto de desarrollo de un recurso natural jamás realizado en la historia peruana". En octubre de 2010 el proceso fue aprobado y, según la compañía, la audiencia pública con que lo concluyó —a la que asistieron más de 3.000 personas— fue notable por su calma.

No fue sino hasta un año después, apenas en el tercer mes de la presidencia de Humala, que empezó a asomar la oposición organizada. Después de una huelga general de un día el 9 de noviembre en Cajamarca, hubo una huelga general por un período indefinido el 24 de noviembre que, según informes de prensa, terminó con un sitio de la ciudad. Los detractores del proyecto minero dicen estar en contra del plan de la compañía para construir cuatro embalses para reemplazar cuatro lagos que, en las actuales circunstancias, se convertirían en pantanos durante la estación seca. Pero puesto que los nuevos embalses duplicarán el volumen de agua disponible para las comunidades locales y asegurarán el suministro de agua durante todo el año, sus "preocupaciones" son sospechosas.

Las sospechas se acentúan marcadamente al saber que el agitador clave, Wilfredo Saavedra, presidente de algo llamado "Frente de Defensa Ambiental", resulta ser un ex miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, un grupo terrorista partidario del comunismo al estilo cubano.

El presidente tenía que intervenir por la seguridad de la ciudad y los intereses de largo plazo del país. El 4 de diciembre, después de que la compañía había aceptado suspender la construcción como gesto de buena fe y los manifestantes se habían negado a levantar el bloqueo de Cajamarca, impuso el estado de emergencia y restauró el orden.

Menos de una semana después, Lerner, quien había estado a cargo de encontrar una solución negociada a la disputa, renunció y fue reemplazado por Valdés, quien se ha había desempeñado en el sector privado durante años. El jueves, el presidente levantó el estado de emergencia y el gobierno anunció la reanudación de las negociaciones con los manifestantes.

La acción enérgica de Humala ha dañado su coalición de izquierda en el congreso y el mandatario podría tener que negociar con los fujimoristas para gobernar. No obstante, la alternativa de establecer un precedente de que la violencia puede alejar del país a las inversiones mineras sería mucho más perjudicial para su legado.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 19 de diciembre de 2011.