22 de enero de 2013

Es hora de dejar de negociar con las FARC

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por Stephanie Rugolo

Stephanie Rugolo es asistente de investigaciones en el Cato Institute. Rugolo es editora del Rugolo Report Online y obtuvo su maestría de la Escuela Maxwell de la Universidad de Syracuse.

La guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha aterrorizado Colombia por 50 años. Las FARC han tenido un control severo sobre las industrias ilegales y grandes porciones del territorio colombiano hasta que el ex presidente Uribe instituyó una estrategia para combatir a la guerrilla que proveyó seguridad ciudadana constante e hizo respetar el Estado de Derecho. Esto resultó en la muerte de varios líderes de las FARC, una reducción drástica del territorio que controlaban, y una reducción en un 50% de los miembros de las FARC. Las FARC y el gobierno colombiano actualmente están negociando la paz en la Cuba comunista, teniendo a Venezuela —con un gobierno aliado a las FARC— y a Chile como mediadores.

En estas negociaciones, las FARC esperan ganar acceso a la política mediante la amnistía y una transformación de las estructuras primarias del Estado, mientras que el gobierno colombiano espera erradicar a las FARC en vista de su debilidad. Hacerlo podría darle un impulso a la aprobación del presidente Juan Manuel Santos, que ha venido cayendo, mientras que protegería intereses de negocios que son cada vez más importantes y promovería las inversiones que las FARC amenazan. Sin embargo, estos términos de paz no son democráticos, son superfluos y no acabarán con el conflicto. En lugar de conceder los pedidos de las FARC, el gobierno colombiano debería continuar con sus tácticas defensivas y adoptar políticas que limiten las fuentes de financiamiento de las FARC.

Es poco probable que estas negociaciones de la paz acaben con las prácticas destructivas de las FARC. El gobierno busca detener las muchas actividades ilegales de las FARC, como el tráfico de drogas, a cambio de concesiones. Sin embargo, hay muchos otros grupos armados que no están incluidos en las negociaciones y que probablemente ocuparán cualquier vacío de poder que dejen las FARC, como el Ejército de Liberación Nacional. Esto ya ha sucedido en Colombia en el pasado: conforme los grupos paramilitares fueron desmovilizados, nuevas pandillas criminales tomaron el control de sus operaciones ilegales. Además, algunos expertos argumentan que las FARC se están fraccionando. Si eso es cierto, las facciones de las FARC probablemente ignoraran cualquier acuerdo que equivaldría a renunciar a las inmensas ganancias del narcotráfico de las que hoy gozan.

Adicionalmente, los resultados de estas negociaciones no serán democráticos porque las FARC están pidiendo cambios políticos mediante la violencia en lugar de hacerlo mediante elecciones. Los pedidos de las FARC incluyen una reforma agraria que permitiría un mayor acceso de los ciudadanos a la tierra, una nacionalización de las industrias de recursos naturales y una anulación de los tratados de libre comercio. Además, las FARC han pedido una amnistía por sus actos criminales, incluyendo los secuestros, lo que requeriría que Colombia enmiende sus leyes. Mientras que tales cambios importantes de políticas usualmente son realizados mediante el proceso electoral, las FARC están utilizando su capacidad de cometer violencia para influir en la negociación. Esta táctica es especialmente anti-democrática considerando que pocos colombianos todavía respaldan a las FARC o sus objetivos.

Adicionalmente, muchas de las demandas de las FARC ya están siendo ejecutadas. Algunos congresistas colombianos están promoviendo una “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. Esto le daría a los individuos que perdieron tierra en este conflicto el derecho a recuperarla y recibir reparaciones. El presidente Santos también ha desmantelado una agencia de inteligencia que solía espiar a los ciudadanos. De acuerdo a Steven Dudley de InSight Crime, un centro de investigaciones colombiano, Colombia ahora tiene un sistema de justicia más sólido y una mayor rendición de cuentas por parte de las fuerzas armadas y la policía. Conforme Colombia mejora rápidamente en asuntos que son importantes para las FARC, las demandas del grupo rebelde se vuelven superfluas.

Las demandas de las FARC de ser involucradas en el proceso político son particularmente preocupantes considerando los lazos estrechos de esta guerrilla con el autócrata venezolano Hugo Chávez. Esta relación es bien conocida, dado que Chávez ha permitido que las FARC tengan bases en Venezuela y ha admitido que tiene una influencia sobre ellos. Las FARC es miembro de la Coordinadora Continental Bolivariana, que trabaja para integrar organizaciones revolucionarias y derrotar violentamente al “imperialismo occidental”. Si un acuerdo de paz le permite a los miembros de las FARC incursionar en la política, es probable que un gobierno chavista los financie para que lleguen al poder y empuje a Colombia hacia el socialismo al estilo venezolano. Esto conduciría a que Colombia pierda sus muy dolorosamente conseguidas ganancias que hacen que hoy sea una de las economías dominantes en América Latina. Además, es sabido que los miembros de las FARC trafican drogas, secuestran personas, extorsionan a las empresas, utilizan a niños como soldados y asesinan a gente que interfiere con sus industrias. Es poco probable que hagan de Colombia un lugar más pacífico o próspero como políticos.

Una mejor solución es que las fuerzas armadas de Colombia continúen defendiendo a su gente en contra del crimen organizado y que recuperen el territorio perdido. Estas tácticas ya han empujado a las FARC hacia las remotas áreas rurales, reduciendo considerablemente su fuerza.  Los políticos colombianos deberían, consecuentemente, limitar las fuentes de financiamiento que las guerrillas derivan del narcotráfico y de la minería ilegal. Esto se puede lograr de mejor forma mediante la legalización de las drogas (que actualmente está siendo considerada en el congreso actual), la titulación de tierras y la protección de la propiedad privada.

Las negociaciones de paz son deseables en muchos casos pero no en el caso de las FARC. Aunque las insurgencias rara vez terminan ganando o perdiendo una campaña militar, las FARC consistentemente han engañado al gobierno colombiano en anteriores negociaciones de paz. Incluso mientras esta ronda de negociaciones se ha dado, las FARC han continuado aterrorizando y asesinando a colombianos. Continuar por el camino actual de “paz”, la violencia no terminará, los colombianos no se beneficiarán y la democracia sufrirá. La presión militar y las reforma de políticas públicas ya han debilitado considerablemente a las FARC y es la única estrategia que probablemente asegure una paz real y duradera.