29 de enero de 2013

EE.UU.: ¿La inmigración ilegal se resuelve con la ejecución de la ley?

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por Alex Nowrasteh

Alex Nowrasteh es analista de políticas de inmigración del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

En las discusiones acerca de la reforma migratoria en el congreso, la administración Obama está apoyando fuertes medidas de seguridad fronteriza y más sanciones para los empleadores que contraten a inmigrantes en situación irregular a cambio de la legalización merecida —siguiendo el camino de las acciones que la administración ha realizado hasta ahora. Una estrategia de mayor ejecución de la ley está destinada al fracaso si no se combina con la expansión de oportunidades para la inmigración legal.

Obama ha hecho más para hacer cumplir las leyes de inmigración que cualquier otro presidente de las últimas generaciones.

Esta administración ha deportado, en promedio, 3,5 por ciento del total de la población inmigrante no autorizada anualmente. La tasa de deportación del presidente George W. Bush durante sus ocho años fue apenas de 2,4 por ciento. En 2009, el primer año de la administración Obama, el gobierno deportó 3,6 por ciento de todos los inmigrantes no autorizados —un gran salto desde el 3,1 por ciento durante el último año de Bush en el cargo. Obama ha deportado a un promedio de más de 400.000 personas al año, 150.000 personas más al año que Bush.

Gran parte de este aumento en las deportaciones se ha dado a través del programa Comunidades Seguras, que obliga a los agentes locales de seguridad a actuar como agentes de inmigración cuando arrestan a inmigrantes no autorizados.

Comunidades Seguras sería un gran programa si se centrara exclusivamente en delincuentes condenados —personas que deben ser deportadas. Pero, desafortunadamente, un gran número de personas que en los demás aspectos acatan la ley son atrapadas y deportadas por este programa, reduciendo así la cooperación de los inmigrantes con la policía e imponiendo costos significativos de encarcelamiento a los gobiernos locales.

Cuando Obama asumió el cargo, menos de un 1 por ciento de todas las jurisdicciones policiales participaban en Comunidades Seguras. Desde entonces, la administración Obama ha ampliado Comunidades Seguras a más del 97 por ciento de todas las jurisdicciones en EE.UU. —un aumento de nada menos que de 22.000 por ciento en el alcance de su aplicación.

Otra mecanismo popular para hacer cumplir la ley es un sistema de identificación proto-nacional conocido como E-Verify. Este es un sistema de verificación de empleo electrónico, diseñado para evitar que los inmigrantes no autorizados obtengan empleos. Siendo obligatorio en algunos estados, se requiere que todos los empleadores aporten la información de identificación de sus nuevos empleados a una base de datos federal abastecida con datos de inmigración y datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

La mayoría de los trabajadores son inmediatamente autorizados para el empleo, pero muchos son rechazados y no pueden ser contratados legalmente. Alrededor de un 1 por ciento de los trabajadores estadounidenses legales, de acuerdo a las auditorías, son falsamente identificados como ilegales y no pueden conseguir un trabajo —empezando un costoso viaje burocrático para corregir la información en las bases de datos del gobierno. El respaldo a E-Verify por parte de personas que están a favor de restringir la inmigración es aún más desconcertante, ya que no logra identificar a la mayoría de los inmigrantes no autorizados.

En Arizona, donde la verificación con E-Verify ha sido obligatoria para todos los empleados desde 2008, 75 por ciento de los negocios con cinco o más empleados están inscritos en el programa. En 2011, sólo el 67 por ciento de las nuevas contrataciones en Arizona fueron llevadas a cabo a través de E-Verify. En Arizona, una cuarta parte de los bufetes y un tercio de las empresas violan la ley al ignorar el mandato de E-Verify.

Más recientemente, Georgia, Alabama y Carolina del Sur también establecieron E-Verify como requisito para la contratación. En esos estados, hasta el momento, las tasas de cumplimiento son más bajas que en Arizona. En Georgia, un escaso 34 por ciento de las empresas con cinco o más empleados están inscritas en el programa. El mayor “éxito” de E-Verify ha sido conducir a miles de personas y empresas hacia el mercado negro.

El control migratorio es eficaz cuando las autoridades actúan como un embudo que guía a los inmigrantes hacia una vía legal. Esta estrategia solo funciona cuando realmente existe una vía legal. Actualmente, para la mayoría de los potenciales inmigrantes, no existe. Más “green cards” para los trabajadores menos calificados, un programa grande y flexible de trabajadores invitados, o una combinación de ambas medidas hará que sea posible una efectiva ejecución de la ley —no la fe en la ejecución de sistema de inmigración que concede demasiados poderes al Estado.

La fe en la ejecución de la ley de inmigración es similar a la fe en otros programas de intervención estatal. Los partidarios de ambas admiten rápidamente los fracasos pero piden más dinero de los contribuyentes y poder estatal para corregirlos. El resultado es una burocracia más grande, más intrusiva y más costosa que fracasa en su misión, pero siempre logra dejarnos más pobres y menos libres.

Este artículo fue publicado originalmente en The Daily Caller (EE.UU.) el 15 de enero de 2013.